El pasado 21 de febrero se presentaba en la sede de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) un estudio elaborado por el Instituto Metrópoli y promovido por la propia ACM, la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña (ARCA) y el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), en el que se explotan los datos de varias encuestas con el objetivo de identificar el volumen y las motivaciones de las personas que viven en las grandes ciudades catalanas para marcharse a vivir a ciudades más pequeñas, o incluso al ámbito rural.
Los resultados del estudio han tenido mucho eco y han generado tanto titulares en los medios como conversaciones en las redes sociales, destacando principalmente el dato de que unas 70.000 personas tienen previsto abandonar en los próximos cinco años las grandes ciudades de la región metropolitana de Barcelona para ir a vivir a áreas semidensas o rurales. Los motivos principales de esta decisión son conseguir una mejora en la vivienda y/o del entorno residencial y el hecho de formar un hogar u otros motivos familiares (como pueda ser acercarse a familiares dependientes para facilitar sus cuidados).
El estudio muestra cómo estas cifras son similares a las existentes antes de la crisis financiera de 2008, cuando la oferta de vivienda crecía principalmente en entornos más periurbanos con grandes promociones y muchas facilidades en la adquisición (fenómeno que retrata muy acertadamente a nivel español Jorge Dioni en su libro La España de las piscinas). El impacto de la crisis, que tuvo unos efectos intensos en el sector inmobiliario, supuso una caída del trasvase urbano-rural que se empezó a recuperar a partir de 2015 y que alcanzó su pico en 2020 por las circunstancias excepcionales de la pandemia, volviendo a retroceder ligeramente a partir del año siguiente, hasta volver a las cifras pre-crisis.
Antes que nada, hay que hacer notar que este no es un fenómeno que afecte exclusivamente a Barcelona, sino que nos encontramos ante una tendencia generalizada en todo el mundo. En el caso de Europa hay estudios que muestran cómo nueve de cada diez grandes áreas metropolitanas del continente perdieron población a raíz de la pandemia, pero las tasas de crecimiento urbano se han venido recuperando posteriormente. Lo mismo ocurre en las grandes ciudades de Estados Unidos.
Profundizando en la encuesta, sin embargo, se observa otro dato relevante, y es que alrededor de 250.000 personas seguirían esta misma tendencia de marcharse de la gran aglomeración urbana si pudieran escoger.
Dado que el impacto mediático se ha focalizado esencialmente en la primera de las cifras citadas, nos centraremos más aquí en este segundo dato.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de las grandes ciudades de la región metropolitana, lo que desde el PEMB llamamos la “ciudad de los 5 millones”, estas 250.000 personas representarían entre un 5% y un 6% de su población total. Es importante destacar, sin embargo, que dentro de la propia región también hay algunos pequeños municipios que, de hecho, acostumbran a ser los principales receptores de estos flujos. Un porcentaje, en todo caso, que teniendo en cuenta que estamos hablando de un centenar de municipios y de un territorio cercano a los 3.000 km2 (la ciudad de Barcelona ocupa 100 km2, para hacer una comparativa), no parece que vaya a provocar ningún desplome demográfico en nuestras ciudades.
En cambio, desde la perspectiva de las pequeñas ciudades y el ámbito rural que serían receptoras, el impacto sí podría resultar significativo, especialmente si se dieran determinadas circunstancias que favorecieran a alguno de estos territorios en particular (una importante inversión económica generadora de puestos de trabajo, por ejemplo).
Según los datos de los trabajos preparatorios de la ley que deberá definir el Estatuto del Municipio Rural, que se encuentra en trámites parlamentarios, en los municipios rurales de Cataluña viven actualmente poco más de 300.000 personas, aunque hay que tener en cuenta que en este caso se consideran municipios rurales los menores de 2.000 habitantes, mientras que en el estudio del Instituto Metrópoli, más focalizado en la densidad de población, la consideración de área semidensa o rural incluye municipios de mayor dimensión poblacional. En todo caso, es evidente que el impacto sigue siendo muy relevante. No creemos que se pueda hablar de repoblación, pero indudablemente sí de lo que podría ser una importante revitalización de determinadas zonas del territorio catalán.
En segundo lugar, estamos hablando de un volumen de personas que marcharían de la ciudad “si pudieran escoger”. ¿Cuáles serían, en este sentido, los factores que impiden esta elección? Hay que pensar que el principal son las oportunidades laborales, que pasarían por la localización de más puestos de trabajo homologables en tipología y en condiciones (salariales, pero no sólo) en los territorios alejados de las grandes ciudades.
Es cierto que la irrupción del teletrabajo hace más laxa esta necesidad, dado que la persona que marcha de la ciudad al mundo rural puede llevar con ella su propio puesto de trabajo. Como sabemos, sin embargo, ni en todos los empleos es aplicable el teletrabajo, ni en todas las empresas se acepta, ni todas las personas se sienten cómodas con él. Pero aunque todos estos factores jugaran a favor de la persona que se desplazaría, habría que superar un segundo obstáculo fundamental: la disponibilidad de vivienda.
Encontrar una vivienda en un municipio rural no es nada sencillo. A un parque de vivienda reducido por definición y con unas características que a menudo no encajan con las necesidades de la demanda (por dimensión, por ubicación, etc.), hay que añadir el alto grado de envejecimiento generalizado del parque existente y, por tanto, de necesidad de inversiones para su acondicionamiento. También suele pasar que haya resistencia por parte de la propiedad a poner las viviendas en el mercado, sea de compra o de alquiler. Uno de los factores que se destacaban en el coloquio posterior a la presentación del estudio es la sensación de romper los vínculos con el pueblo que produce dejar de disponer de la opción de ir a pasar unos días, aunque sea de manera circunstancial por el hecho de haber alquilado la casa familiar.
En este sentido, entre los datos que contiene el estudio encontramos que los motivos económicos relacionados con el coste de la vivienda han pasado de ser la razón principal para cambiar de lugar de residencia un 5,7% de los casos en 1995 a serlo un 24% en el año 2022, con especial incidencia sobre los que viven en ciudades grandes. Se da, por tanto, la paradoja de que las personas que se ven expulsadas de su vivienda por las condiciones del mercado residencial en el corazón de la metrópoli se enfrentan igualmente a grandes dificultades para conseguir uno en el mercado de las áreas semidensas y rurales.
El tercer gran condicionante es el de la movilidad. De entre todos los servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana, el único que recibe una valoración claramente negativa de acuerdo con las encuestas analizadas es el transporte público, y merece dicha valoración sólo para las personas que viven en estas áreas semidensas y rurales. La falta de alternativas de transporte público supone así la principal desventaja de tomar la decisión de dónde vivir, ya que un buen servicio en este sentido amplía las opciones residenciales y laborales al hacerlo todo más accesible.
En este terreno, existen varias iniciativas – apoyadas en muchos casos por las prestaciones que ofrece la inteligencia artificial- destinadas a hacer posible un transporte a la demanda que dé servicio allí donde las líneas regulares no pueden llegar. Un proceso de mejora incipiente pero que se verá siempre condicionado por la ley de los grandes números (los de personas potencialmente usuarias y los de la rentabilidad).
En definitiva, como dice uno de los titulares del estudio, las migraciones del entorno urbano al rural son un fenómeno minoritario, pero creciente. Aunque si lo leemos al revés (creciente, pero todavía minoritario), quizás podemos hacer una lectura más afinada. De esta manera, con las cifras y las tendencias actuales, no parece que tengamos que esperar grandes cambios en la distribución de la población en el territorio.
Ahora bien, muchas veces, como consecuencia de la pandemia, nos han preguntado al PEMB si realmente se producirá un éxodo urbano en Barcelona y su entorno o no, y ahora, a raíz de este estudio, nos preguntan si es bueno o malo que este fenómeno crezca o si es un problema si empieza a dejar de ser tan minoritario. Nuestra respuesta es siempre la misma: la pregunta que hay que hacernos es si queremos o no que esto pase y con qué finalidad, con qué mirada de país. Porque tenemos el convencimiento de que desde las políticas públicas se pueden articular los incentivos necesarios para conseguir un mayor equilibrio territorial que, al mismo tiempo, consideramos también como imprescindible para que tanto el mundo urbano como el rural puedan avanzar en la mejora de la calidad de vida de la gente que vive en ellos y en un mayor cuidado del entorno. Si no lo hacemos así, será simplemente el mercado el que decidirá lo que pasará, y ya sabemos que el mercado por sí solo no siempre juega en favor de cuestiones como el equilibrio territorial, la calidad de vida o el cuidado del entorno.
