Iniciamos un nuevo mandato local para el período 2023-2027 que será clave en muchos aspectos, y en particular para la consolidación del rumbo de transformación necesario en nuestras ciudades para hacer frente a la emergencia climática.
En primer lugar, es importante recordar que el plazo establecido para la finalización de los fondos extraordinarios del plan de recuperación poscoronavirus para Europa, en el que la aceleración de la transición verde ocupa un lugar central, es el 30 de junio de 2026. Dentro de este mandato, por lo tanto, es cuando se deberán hacer posibles las inversiones asociadas a los fondos NextGenerationEU. Cualquier desorientación en la dirección o cualquier titubeo en la ambición de las políticas y proyectos a desplegar puede ser severamente penalizado con la pérdida de acceso a estos recursos extraordinarios (en toda la magnitud del adjetivo) y el agravamiento del retraso que padecemos respecto a otros países y ciudades de nuestro entorno.
Asimismo, el final del mandato coincidirá con el final del período de programación de los fondos que habitualmente se distribuyen entre los estados de la Unión, los anteriormente conocidos como fondos estructurales. Teniendo en cuenta la evolución que está experimentando el proyecto europeo y las incertidumbres en las que se encuentra la economía mundial, no se puede asegurar que, en el período subsiguiente, a partir de 2027, las oportunidades de financiamiento para inversiones o políticas de gran envergadura sean las mismas. Otro desafío fundamental para nuestras administraciones, y las locales en particular, dado que en este período tenemos como referente principal la transición verde que cubre el European Green Deal y los múltiples compromisos que hemos adquirido internacionalmente, de manera que existen unos objetivos que alcanzar bastante claros y es necesario esforzarse para cumplirlos aprovechando los recursos disponibles.
Podemos considerar también que este mandato es crucial para avanzar en todo lo que representan la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se despliega. Quien no llegue con los deberes hechos a tres años del plazo establecido, difícilmente conseguirá encarrilarlos en el tiempo restante. Y, si como parece, será difícil que el logro generalizado de los objetivos sea una realidad en el plazo acordado, será igualmente el momento de ponerse a trabajar para definir la nueva agenda que deberá actualizar y sustituir la anterior. En esta ocasión, esperamos, con un protagonismo de las ciudades a la altura de lo que ha sido y es aún su protagonismo a la hora de actuar para aterrizar la Agenda 2030 en políticas, servicios y proyectos que den forma a los cambios que demandan sus objetivos.
Siguiendo esta reivindicación del papel del mundo urbano a la hora de enfrentar los desafíos globales, y como ya hemos expuesto en múltiples ocasiones desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona para el caso de nuestra ciudad, la transición verde debe ser indiscutiblemente abordada a escala metropolitana y debe ser una transición justa, que no deje a nadie ni ningún territorio atrás.
En nuestro caso, como también es sabido, partimos de una dualidad como la que representa contar con un área metropolitana institucionalizada para 36 municipios y 3,3 millones de habitantes, mientras que la metrópoli “real” se extendería por encima de los 150 municipios y llegaría a los 5 millones de habitantes, pero sin una gobernanza institucionalizada.
En este sentido, haciendo un breve paréntesis, es necesario recordar que el mandato 2023-2027 también marcará en su punto central los quince años desde la creación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y parece un momento propicio para hacer una evaluación en profundidad y el dibujo de su trayectoria futura, en la que inevitablemente se deberá poner sobre la mesa, con la implicación perentoria de la Generalitat, mecanismos de coordinación y mayor equilibrio con el resto de la metrópoli y con el conjunto del país. El acuerdo de gobierno para el AMB que incorpora a todos los grandes partidos representados en el Consejo Metropolitano en la elaboración del Plan de Actuación para este período debería ser una oportunidad para abordar este debate con la serenidad, pero también con la firmeza que merece.
El mandato 2023-2027 también marcará en su punto central los quince años desde la creación del AMB
Volviendo, sin embargo, a la transición verde, es necesario que todos los municipios que configuran este espacio metropolitano avancen a una y, al mismo tiempo, se adopte en conjunto una visión integral de lo que representa esta transición verde. Actualmente, de los 199 municipios que hemos tenido en consideración en la elaboración del Compromiso Metropolitano 2030, que incluye lo que se puede considerar actualmente la región metropolitana de Barcelona más los de la comarca del Penedès, tan solo una treintena han declarado la emergencia climática con un paquete de medidas asociado, una veintena más han hecho solo la declaración (sin plan de acción) y unos pocos más han definido algunas medidas concretas sin pasar por la fase de declaración que proporcione un marco estratégico.
¿Cómo enfrentar, entonces, cuestiones que claramente no conocen fronteras administrativas como la contaminación vinculada a la movilidad? No hay ninguna duda de que se trata de un desafío de alcance metropolitano, y con afectaciones incluso más allá. Por ejemplo, la llanura de Vic es de las zonas de Europa con mayores niveles de concentración de ozono troposférico, procedente del tráfico metropolitano, que afecta las vías respiratorias y seca los cultivos. En 2019, por ejemplo, en los meses de verano se superó 6 veces el nivel de alerta en Vic, como también en la zona del Montseny.
Entre las principales medidas para enfrentar esta situación contamos con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) más extensa de España, con 102 Km2, y la única de carácter metropolitano, ya que abarca los municipios que rodean la ciudad de Barcelona tocando las rondas; pero no abarca todo el AMB ni mucho menos, como han reclamado repetidamente, los principales municipios de la región (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa…). Las normativas del Estado han hecho obligatorias las ZBE para los municipios de más de 50.000 habitantes, categoría en la que entrarían las ciudades mencionadas, pero sin una visión y coordinación conjunta y, sobre todo, sin aplicar soluciones similares al resto de municipios que forman parte del conglomerado metropolitano, la efectividad de estas medidas es cuestionable.
El 34% de los desplazamientos en la región metropolitana se hacen en vehículo privado, de los cuales cada día entran a la ciudad de Barcelona 450.000 personas en vehículo privado. Hay, por lo tanto, una relación fundamental de la contaminación con la movilidad hacia y desde Barcelona: solo los desplazamientos entre el Vallès Occidental y el Barcelonès ya superan en un 20% todos los desplazamientos entre comarcas metropolitanas. Los desplazamientos con el Baix Llobregat casi los duplican. Es evidente, por lo tanto, que aparte de las restricciones (y aquí habrá que ver cómo se aborda en este mandato el debate sobre el establecimiento de un peaje urbano) hacen falta alternativas de transporte público y más y mejores conexiones transversales, que enlacen directamente y de manera cómoda los municipios del llamado Arco Metropolitano y sus entornos. La Generalitat y la Autoridad del Transporte Metropolitano, por lo tanto, tienen muchos deberes en este período más allá de la puesta en marcha definitiva de la T-Mobilitat, y será necesaria la comprensión y cooperación de los municipios metropolitanos (dentro y fuera del AMB) para afrontar comúnmente la reclamación de las inversiones estipuladas en el Plan Director de Infraestructuras o en el Plan de Rodalies.
El 34% de los desplazamientos en la región metropolitana se hacen en vehículo privado, de los cuales cada día entran a la ciudad de Barcelona 450.000 personas en vehículo privado
También es cada vez más importante disponer de criterios compartidos y armonización de regulaciones en cuestiones como la distribución urbana de mercancías, que representa el 20% del tráfico y el 40% de las emisiones en Barcelona ciudad, situación que muy probablemente se reproduzca en el resto de grandes centros urbanos metropolitanos.
Dejando el siempre polémico capítulo de la movilidad a un lado, el otro gran ámbito en el que se debe profundizar en términos de transición verde es el energético. Como ya explicamos en un artículo anterior, los estudios hechos por el AMB indican que su nivel de autosuficiencia eléctrica quedaría por debajo del 15%, mientras que la Generalitat estima que es necesario multiplicar por 18 la potencia renovable instalada en el país para alcanzar la neutralidad climática.
Los estudios hechos por el AMB indican que su nivel de autosuficiencia eléctrica quedaría por debajo del 15%
De esta manera, con una Catalunya inexplicablemente situada en el vagón de cola de las comunidades del Estado en materia de renovables, el frente común metropolitano es imprescindible para que se dé el salto adelante en las inversiones requeridas. Velando al mismo tiempo, claro está, por que el resto del territorio catalán reciba las compensaciones correspondientes.
Otros aspectos de la transición verde que demandan de una mayor coordinación metropolitana tienen que ver con la protección del litoral (para lo cual se podría recuperar y adaptar el plan estratégico que se elaboró hace unos años) y más en estos años que será centro de atención global por la celebración de la Copa América. El futuro de las playas metropolitanas es motivo de preocupación desde hace tiempo y va más allá incluso de la pérdida de su función recreativa. Como lo es también, en otro frente, la conservación, y en la medida de lo posible, la mejora de la biodiversidad en todo el territorio metropolitano, que también requiere atención desde esta escala.
Estos son solo algunos de los retos a los que se deberá enfrentar de manera decidida en este mandato. Hay que tener en cuenta, además, que durante el mismo se deberá producir otro hecho significativo, como es la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico Metropolitano y su derivación en un Plan General de Ordenación Urbana Metropolitano que será el verdadero sustituto del Plan General Metropolitano de 1976. El tratamiento urbanístico del área metropolitana con criterios del siglo XXI en lugar de los establecidos hace 50 años seguro que ayudará en la transición verde. Pero sus criterios principales, principalmente en materia de infraestructuras verdes y naturalización, deberían formar parte igualmente del instrumental a disposición del resto del territorio metropolitano.
En definitiva, como ya anticipábamos, la dimensión metropolitana, a pesar de no haber tenido un espacio equivalente a su importancia durante las campañas electorales, será decisiva a la hora de articular la acción ante la emergencia climática. Esperamos que las nuevas administraciones, con la complicidad y participación del conjunto de la sociedad, estén a la altura del reto en estos próximos cuatro años.
