En el debate sobre las infraestructuras necesarias para el progreso de una metrópoli como Barcelona, el énfasis suele ponerse habitualmente en las relacionadas con la movilidad, tanto interna (cercanías y transporte público en general) como externa (alta velocidad, aeropuerto, etc.). Este sesgo tiene su lógica si tenemos en cuenta que una metrópoli se suele definir por la intensidad de los desplazamientos habituales, por motivos laborales, de estudios o de ocio de la gente que vive en un determinado territorio y por su conectividad con el sistema global de ciudades.
Pasan más desapercibidas, sin embargo, otras infraestructuras que configuran el entramado básico de nuestra calidad de vida y sobre las que sólo ponemos la mirada cuando estalla algún episodio de crisis.
Este es el caso, por ejemplo, de las infraestructuras de abastecimiento de agua. La sequía meteorológica persistente está conduciendo a una sequía hidrológica, es decir, a una escasez de agua, que empieza a resultar muy preocupante y obliga a realizar determinadas restricciones, difíciles de aplicar a nivel municipal con unas elecciones a las puertas. La situación crítica a la que se llegó en el episodio de 2004-2008 supuso una toma de conciencia de la ciudadanía y la reducción generalizada de los consumos, pero el territorio y las cuencas de los ríos piden un mayor cuidado y una mejor gestión, del mismo modo que es necesaria una fuerte apuesta por la regeneración y reutilización del agua.
Pero esta situación ha puesto también de manifiesto el desperdicio de agua que conllevan las deficiencias en la red de suministro. Es así como estos días se han desvelado las cifras que dicen que en Catalunya se pierde una cuarta parte del agua potable como resultado de las fugas debidas al mal estado de la red. Algunos casos que han salido a la luz, como el de la riera de Canyet, en Badalona, con una fuga de unos 180.000 litros diarios desde el año 2005, ponen de manifiesto la falta de inversión y de entendimiento entre las administraciones correspondientes.
Un entendimiento que resulta imprescindible y urgente para corregir situaciones como esta. El año pasado, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó un plan estratégico del ciclo integral del agua que incluía una inversión inicial de más de 130 millones de euros en gran parte para mantenimiento de la red, pero que fijaba las necesidades de inversión de cara a 2050 en más de 2.000 millones a aportar tanto por la propia AMB como por los ayuntamientos que la forman y la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Otro frente abierto de actualidad y no exento de polémica es el de las infraestructuras energéticas. Los datos nos dicen, en este caso, que la región metropolitana de Barcelona consumió 22.600 GW de energía eléctrica en 2019. Un dato significativo, sin embargo, es que sólo el 0,8% de la extensión solicitada para nuevas instalaciones fotovoltaicas en el territorio catalán en 2021 corresponden a municipios de la región (que abarca todo el Vallés y el Maresme), mientras que no se ha solicitado ninguna autorización para parques eólicos dentro de la propia región.
El AMB, por su parte, hizo en 2014 su primer “mapa solar” para calibrar la capacidad de autogeneración de energía fotovoltaica en cubiertas. El resultado obtenido era de un 42% teórico máximo de autoabastecimiento, pero, considerando la factibilidad técnica de las instalaciones a día de hoy, el porcentaje bajaba hasta un 12%. Aun así, debemos incidir en el desarrollo de una amplia infraestructura energética distribuida aprovechando los cambios legales sobre las comunidades energéticas.
Inversión en renovables y digitalización
Con este panorama, y teniendo en cuenta que las estimaciones indican que se debe multiplicar por 18 la potencia renovable instalada para alcanzar la neutralidad climática, el gobierno de la Generalitat ha calculado que será necesaria una inversión de 59.000 millones de euros y ocupar un 2,5% del territorio con las infraestructuras necesarias para generar energías limpias hasta 2050.
La digitalización de la economía supone otro reto de grandes dimensiones. De entrada, y vinculándolas con el consumo de energía, el informe anual del CIDOB señalaba que en 2019 casi el 4% de las emisiones globales de CO₂ (y creciente) son generadas por la energía que consume “la nube”.
En todo caso, es inevitable poner también el foco en la necesaria adecuación de las infraestructuras digitales a los requerimientos de la actividad económica. La metrópoli barcelonesa cuenta con una situación ventajosa con la estación de llegada de cables submarinos de alta capacidad en Sant Adrià del Besòs, que debería ser un impulso para el despliegue de las redes de última generación. Un ámbito en el que las inversiones van más lentas de lo previsto, aunque hay que tener en cuenta que Catalunya es una de las regiones punteras en investigación de 5G avanzada y de 6G.
En este ámbito, sin embargo, una de las principales preocupaciones actualmente es la seguridad. El ciberataque que sufre el Hospital Clínic, como hace meses pasó con la Universidad Autónoma de Barcelona o los que sufren regularmente centenares de municipios, obligan a nuevas inversiones para extremar las medidas de protección de estas infraestructuras.
El cuarto paquete de infraestructuras esenciales se recoge bajo la etiqueta de “verdes y azules”, que son todas aquellas que conforman el sustrato natural o seminatural del espacio urbanizado y proporcionan servicios ecosistémicos a la metrópoli. Según la definición que utiliza el AMB, los espacios abiertos mejoran la calidad del aire, potencian la biodiversidad, actúan como sumideros de CO₂ y ofrecen uso lúdico y social a la ciudadanía como espacios de ocio, esparcimiento y deporte. La moderación de las temperaturas es otro de los servicios primordiales que proporcionan.
De entre estas infraestructuras verdes destacamos aquí dos: los espacios agrarios y el litoral metropolitano.
En cuanto a los primeros, las cifras indican que entre 1976 y 2016 se han perdido 40.000 Ha de suelo agrícola en la región metropolitana de Barcelona. Sólo en el AMB, según los estudios preparatorios del Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUMet), con las debidas inversiones se podrían recuperar 5.000 Ha de tierras productivas y ponerlas a disposición de productores que no encuentran. Hay que tener en cuenta que el Parc Agrari del Baix Llobregat, una de nuestras infraestructuras verdes clave, ocupa unas 3.500 Ha. En el resto de la región metropolitana, además, hay unas 5.000-6.000 Ha adicionales en espacios agrícolas protegidos. Todo ello, junto con el apoyo a los productores, debe permitir incrementar la producción de proximidad y, en consecuencia, una mayor resiliencia del sistema alimentario.
El litoral constituye uno de los sistemas más frágiles, a la vez que más explotados, de nuestro entorno natural. Es un sistema complejo y muy sensible a los efectos del cambio climático. El incremento de los episodios meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar generan anualmente pérdidas económicas y efectos negativos social y ambientalmente. Uno de los efectos más visibles es la regresión de las playas metropolitanas. Integrar estos espacios litorales como infraestructura verde/azul significa plantear medidas de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza, para que sea más resiliente, mientras se protege su biodiversidad.
Un planeamiento anticuado
La adecuación de estas y otras infraestructuras reclama poner al día el planeamiento territorial y urbanístico. Hoy en día, todavía estamos pensando y configurando la metrópoli del siglo XXI sobre un dibujo de hace medio siglo, el del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976. La reciente aprobación inicial del ya mencionado PDUMet debe dar paso al instrumento que sustituya el PGM (el llamado Plan de Ordenación Urbanística Metropolitana) y que, por tanto, renueve los principios sobre los que gestionamos el territorio y desarrollamos una base infraestructural adecuada a los nuevos tiempos. Unos principios que deberían ser incorporados también al planeamiento del resto del territorio metropolitano, hoy recogido en el Plan Territorial Metropolitano aprobado en 2010, que debe ser convenientemente revisado y actualizado, a la vez que activado tras más de una década de avances escasos.
La adecuación de estas y otras infraestructuras reclama poner al día el planeamiento territorial y urbanístico. Hoy en día, todavía estamos pensando y configurando la metrópoli del siglo XXI sobre un dibujo de hace medio siglo, el del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976.
En definitiva, comprobamos cómo algunas de nuestras necesidades más básicas dependen de unas infraestructuras que no suelen ocupar portadas, pero sin las cuales nuestra calidad de vida sería infinitamente menor. Además, en su desarrollo y gestión se genera empleo localizado en el territorio, tal y como defiende el colectivo de la Economía Fundamental, que pide prestar más atención a lo que representan estas infraestructuras para el bienestar colectivo y dedicarles, por tanto, los recursos necesarios de manera prioritaria.
Una oportunidad irrepetible
La disponibilidad de fondos europeos y, en particular, de los fondos NextGenerationEU es una gran oportunidad para poner al día nuestras infraestructuras esenciales. Aquellas que nos permiten respirar, beber, comer o calentarnos. Ojalá también nuestra sociedad considerara como infraestructura esencial la vivienda, para terminar de satisfacer lo que el psicólogo Abraham Maslow identificaba como las necesidades básicas del ser humano. Como sociedad, más que nunca, debemos tener claras las prioridades inversoras porque quizás estemos ante una oportunidad irrepetible.
Ojalá también nuestra sociedad considerara como infraestructura esencial la vivienda, para terminar de satisfacer lo que el psicólogo Abraham Maslow identificaba como las necesidades básicas del ser humano
Desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, además, y tal y como ha recogido el Compromiso Metropolitano 2030, reconocemos que el buen funcionamiento de muchas de estas infraestructuras, o bien su despliegue, piden de un pacto entre el mundo urbano, que es su principal beneficiario, y el mundo rural, que es el apoyo territorial o el lugar donde se originan los recursos que circulan por ellas. Un “pacto espacial” que reparta cargas y beneficios de manera más equitativa, tal y como en su momento el pacto social hizo entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Sólo así podremos garantizar calidad de vida para todo el mundo, vivan donde vivan.
