La Generalitat ha dado un golpe de timón a su política patrimonial ante un mercado inmobiliario volátil con precios de renta al alza y una gestión compleja. Después de vender muchos de los inmuebles que tenía en Barcelona por la crisis económica, la administración catalana quiere volver a ser una gran propietaria y pasar a tener en cartera casi el 70% de los edificios que ocuparán sus trabajadores de aquí a 15 años. Para la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, se trata de “un giro de 180 grados” que servirá para reducir el gasto en alquiler y liberar recursos para la prestación de servicios públicos.
Entre los años 2012 y 2014, la administración catalana vendió un total de 40 inmuebles ubicados en la ciudad, con el objetivo de obtener ingresos y reducir el déficit público. Con la obtención de liquidez, ha pasado de tener un 63% de los edificios de propiedad en 2012 a tan solo un 22% en 2023; del mismo modo que han crecido los inmuebles arrendados, de un 22% en 2012 a un 63% este año. La previsión ahora es reducir el arrendamiento hasta el 13% y hacer subir la propiedad hasta el 68% de cara a 2038.
Para ello, la Generalitat prevé construir nuevos edificios, prioritariamente en suelos de su propiedad o de otras instituciones, pero también rehabilitar y optimizar los que ya ocupa, con una previsión de retorno de la inversión global —sin concretar— en un tiempo inferior a los 10 años. Esta nueva política responde a la necesidad de reubicar a cerca de 11.000 trabajadores en los próximos 15 años, cuando venzan los contratos de alquiler vigentes hoy.
En el primer grupo, se espera alzar unos 145.000 metros cuadrados, con capacidad para 10.000 funcionarios. Aquí se incluye una torre de oficinas que se integrará en el proyecto de ampliación del recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Con una superficie de 25.000 metros cuadrados y capacidad para 1.200 trabajadores, la administración catalana será el principal inquilino y compartirá espacio con la institución ferial. Esta edificación contará con un presupuesto de 68 millones de euros y se prevé que esté terminada en 2027.
Con la nueva torre de oficinas proyectada en L’Hospitalet de Llobregat, se reforzará así la apuesta de la Generalitat por el Paseo de la Zona Franca y se concentrará a más de 6.000 funcionarios, huyendo de la actual dispersión, con 20.000 empleados públicos repartidos por un centenar de edificios de la capital catalana. Hoy por hoy, en esta área ya está ubicado el Distrito Administrativo de la Generalitat, donde fueron a parar los trabajadores del Departament d’Economia i Hisenda y de Justícia cuando se vendieron los edificios donde estaban, sumando unos 3.400 trabajadores públicos. También se encuentran sedes de la Agencia Tributària de Catalunya, los servicios territoriales de Educació, la Agència de Residus de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
La administración catalana también prevé transformar los edificios más antiguos que ocupa hacia un nuevo modelo de oficinas, en línea con el Distrito Administrativo en el barrio de la Marina de Port, criterios que también incorporarán los de nueva construcción. Teniendo en cuenta que los funcionarios de la Generalitat hacen en general dos días de teletrabajo a la semana, se quiere optimizar el espacio para poder encajar el máximo número de trabajadores. Como está pasando en el sector privado, se irá hacia oficinas sin sitios asignados, menos mesas y de planta abierta, donde solo habrá despachos para los altos cargos. También se quiere potenciar los espacios colectivos y flexibles, eliminar el consumo de papel y garantizar la eficiencia energética. Actualmente, unos 6.500 trabajadores públicos están destinados a inmuebles ya transformados.
