El acceso a la vivienda es un problema transversal en Catalunya, pero afecta especialmente a determinados colectivos. Los jóvenes son unos de los mayores perjudicados al tener grandes dificultades para acceder al alquiler de un piso —especialmente en las principales zonas urbanas, por su elevado precio— y por disponer de recursos limitados para afrontar la compra de un inmueble. No ayuda tampoco que la vivienda pública sea más escasa que en otros países de nuestro entorno.
Un dato muy elocuente es la de la edad media de emancipación en España, que escala hasta los 30,3 años, una cifra muy alejada del promedio de la UE de 26,4 años. Se trata de unas dificultades generalizadas para las personas jóvenes. Sin embargo, la problemática se agudiza entre las capas sociales más vulnerables. Para intentar paliar esta situación, entidades del tercer sector juegan un papel activo. Es el caso de la Fundació Resilis, que puso en marcha el servicio Bolsa de Vivienda Social en diciembre de 2020 para asistir a personas en situación de sinhogarismo y para afrontar la falta de vivienda para jóvenes extutelados del programa de Pisos Asistidos, que gestiona la propia fundación.
80 viviendas en Deltebre
El último proyecto que ha ejecutado Resilis para facilitar el acceso a la vivienda ha sido la adquisición de 80 pisos en Deltebre a un fondo de gestión de activos inmobiliarios en colaboración con otras dos entidades: la Fundació SociHabitat y Casa Alternativa SCCL. La acción ha sido posible gracias a la colaboración entre la Agència de l’Habitatge de Catalunya y el Institut Català de Finances (ICF), que ha financiado la compra.
“Los jóvenes de Deltebre, al igual que en otras poblaciones, tienen una gran dificultad para acceder a viviendas asequibles. Con estos pisos podemos facilitar la consolidación de los itinerarios de emancipación de jóvenes sin formación o con formación profesional básica, la mayoría de los cuales trabajan en viveros, almacenes o como peones de obra”, explica Jordi Rieradevall, director de la Bolsa de Vivienda Social de Fundació Resilis.
Para Rieradevall, el hecho de que el ICF sea una banca pública de promoción “ya es una garantía si se compara con cualquier otra línea de financiación privada”. Además, el directivo señala que “más allá de poder tener un interés fijo o un período de gracia inicial, en el ICF hay un equipo muy profesional y con conciencia social que acompaña a las entidades para que los procedimientos acaben resolviéndose positivamente”.
Jordi Rieradevall: “Más allá de poder tener un interés fijo o un período de gracia inicial, en el ICF hay un equipo muy profesional y con conciencia social que acompaña a las entidades como Resilis”
Tener un trabajo no es garantía de vivienda
Puede llamar la atención que muchos de los jóvenes que acuden a la bolsa de vivienda social de Resilis no son desempleados, sino que disponen de cierta estabilidad laboral y formación. No obstante, tienen muy difícil el acceso a una vivienda convencional, pero sí pueden sostenerse económicamente por sí mismos en un piso compartido de la fundación. De media, la estancia en los equipamientos de la entidad es de 18 meses.
Después de esta última compra de inmuebles, la red de pisos de la Fundació Resils está compuesta por 450 viviendas repartidas por las cuatro provincias de Catalunya. Aunque los usuarios a los que ayuda la fundación son de un perfil muy heterogéneo, se trata principalmente de personas en procesos “desinstitucionalizadores”, ya sean jóvenes o no, personas en situación de sinhogarismo, familias numerosas y familias monoparentales.
Un instrumento financiero para entidades sociales y ayuntamientos
Fundació Resilis pudo adquirir las 80 viviendas de Deltebre gracias a la financiación concedida por el ICF a través de la línea ICF Habitatge Social Adquisició. Se trata de unos préstamos para entidades sociales y ayuntamientos para la compra de pisos destinados a alquiler social, cuya adquisición derive del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que tiene reconocidos la Generalitat de Catalunya o para adquisiciones mediante contratos de compraventa en el mercado libre.
El importe de los préstamos, con carácter general, es de un mínimo de 25.000 euros y un máximo de 10 millones de euros para la entidad o ayuntamiento (con un máximo de 90.000 euros por vivienda) a un plazo máximo de 30 años y puede incluir una carencia de hasta 2 años. El ICF financia el 100% de la adquisición y las obras de rehabilitación —si fueran necesarias— a un tipo de interés fijo del 3,65%. Por su parte, la Agència de l’Habitatge de Catalunya bonifica los intereses en un 2%.
