Desde hace más de una década, está pendiente la ley catalana de cámaras. El Consell General de Cambres ha trabajado en una propuesta de ley, aprobada por unanimidad esta semana por las 13 cámaras de comercio catalanas. Para después de las fiestas navideñas, las corporaciones prevén empezar a reunirse con los diferentes grupos parlamentarios para explicarles su propuesta y encarrilar la tramitación de la nueva ley en el Parlament. “Queremos conseguir el máximo apoyo”, señala el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, quien ha agradecido el apoyo al texto de las principales patronales, Foment y Pimec.
Aunque aún no hay un calendario para la aprobación de la nueva normativa, se empieza a poner negro sobre blanco en cuanto al contenido de la propuesta avalada por el Consell General de Cambres. Las cámaras catalanas quieren que la Generalitat contribuya a la financiación de su función pública de apoyo a las empresas. Sitúan la cantidad a recibir en 10 euros por cada compañía censada, lo que implicaría una aportación anual de 6,7 millones de euros. Esta cifra supone un 10% del presupuesto de todas las cámaras catalanas. “La nueva ley nos aportará los recursos para poder cumplir con más garantías nuestras funciones con el tejido empresarial catalán”, añade Santacreu.
Se trata de una cuestión no resuelta que se lleva arrastrando desde hace años. Con la crisis económica de 2008, se eliminó el recurso cameral, el principal medio de financiación de las cámaras de comercio. “Queremos que se vaya recuperando parte de la financiación que perdimos”, defiende Santacreu, quien señala que durante estos años tan solo han recibido una contribución pública de alrededor un millón de euros.
