El Institut Català de Finances (ICF) pisa el acelerador y dispara su actividad. Las operaciones en préstamos, avales y capital riesgo que promueve la banca pública catalana alcanzaron los 847 millones de euros durante 2024, un 32% más respecto al año anterior. En total, la entidad benefició a cerca de 1.700 usuarios, un 97% de los cuales fueron pequeñas y medianas empresas y personas emprendedoras.
La actividad del ICF ha tenido como protagonista, un año más, a los préstamos y avales concedidos a empresas y entidades, que se han incrementado en un 36% respecto a 2023. Así, la banca pública ha movilizado hasta 811 millones de euros, unos 214 millones más que en su ejercicio anterior. La industria manufacturera, energética y agroalimentaria ha vuelto a repetir como el sector más beneficiado, con uno de cada cuatro euros de las operaciones de préstamos y avales, un total de 205 millones de euros. Sin embargo, de cara a 2025 la banca pública se fija dos claras prioridades: el impulso del sector primario y la promoción de la vivienda social, según ha detallado su consejera delegada, Vanessa Servera, durante la presentación del balance del ICF de 2024.
Una apuesta por la promoción del alquiler social que, de hecho, la entidad ya ha reforzado este 2024, multiplicando por cuatro la financiación en este ámbito. Así, la promoción de vivienda social se ha convertido en el segundo sector más beneficiado por el ICF durante 2024, superando incluso el comercio y turismo, que acostumbraban a ocupar esta segunda posición. En total, la banca pública ha concedido hasta 201 millones de euros para la promoción de pisos, una cifra que ha impulsado la construcción de cerca de 1.960 viviendas sociales.
De cara a 2025, el ICF prevé triplicar esta línea y conceder hasta 600 millones de euros para vivienda social, un incremento que previsiblemente convertirá la vivienda en el sector más beneficiado de este año. Este crecimiento se enmarca en el plan del Govern de Salvador Illa para construir 50.000 viviendas asequibles. El presidente de la junta de Gobierno del ICF, Juli Fernández, ha recordado que la banca es un “organismo autónomo” del Govern, pero que tiene que servir de “palanca para lograr los grandes objetivos que planifica”.
En total, la banca pública prevé destinar unos 500 millones de euros a promover la construcción de vivienda de alquiler social y unos 100 millones de euros más para garantizar que los jóvenes puedan emanciparse. La consejera delegada ha asegurado que ya han recibido “una cantidad significativa de solicitudes” para proyectos de construcción de vivienda, tanto de promotores públicos como privados.
Por otro lado, la banca pública también refuerza su apuesta por el sector primario. Servera ha señalado que, a pesar de que es el cuarto sector más beneficiado por la entidad —con un 11% del total de la financiación—, este ámbito es el que aglutina el mayor número de empresas financiadas. En total, el ICF benefició un total de 1.170 agricultores y ganaderos durante 2024 con 87,5 millones en préstamos y avales, un 13% más que en 2023.
El ICF cerró 2024 con unos beneficios netos de 33 millones, 16 menos que en 2023
A pesar de que el ICF ha aumentado en un 36% su inversión en empresas y entidades, el número de compañías financiadas solo se ha incrementado en un 2%. Un crecimiento moderado que Servera ha explicado por la “concentración de operaciones”. La consejera delegada también ha enfatizado que, de media, los préstamos y avales concedidos por la banca pública tienen un plazo de retorno de 15 años, hecho que supone “una diferencia relevante con la banca privada, que normalmente ofrece financiación con un plazo siete años”. Servera también ha destacado que, de estos préstamos y avales, más de la mitad se han destinado a proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
En contraste con este significativo incremento de las operaciones de préstamos y avales, la actividad de capital riesgo del ICF ha disminuido, pasando de los 43,8 millones en su anterior ejercicio a 36 millones durante 2024. En este sentido, la consejera delegada ha detallado que la banca pública está apostando cada vez más por la inversión directa en empresas, mientras que ha reducido a la mitad su inversión en fondos externos.
“Más cartera y menos morosidad”
A través de su actividad, el ICF cerró 2024 con unos beneficios netos de 33 millones de euros, 16,4 millones menos que en 2023. Sin embargo, la consejera delegada de la banca pública ha justificado esta reducción con el hecho que se han dotado de más provisión de fondos “fdpara poder hacer frente al crecimiento que vivimos”. “Queremos un crecimiento sólido y robusto, con más caja, más cartera y menos morosidad”, ha añadido Servera. De hecho, el índice de morosidad de la cartera de clientes del ICF ha bajado cuatro décimas, situándose en el 6,7%, y su cartera crediticia ha aumentado hasta los 2.395 millones de euros.
La entidad nació en 1985 para dar respuesta a las necesidades de financiación e inversión del tejido empresarial y social catalán. Durante sus cuatro décadas de actividad, la banca pública catalana ha financiado un total de 37.000 empresas, autónomos y entidades con un importe superior a los 16.000 millones de euros. Este año, con el elevado incremento de su actividad, la entidad también prevé aumentar su plantilla, integrada ahora por un total de 135 empleados.
