El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha avanzado que la tramitación parlamentaria de la Ley catalana del Tercer Sector se encuentra en su fase final, con su aprobación prevista para antes de verano. El texto que está terminando de pulir el Parlament servirá para dotar de reconocimiento y seguridad jurídica a las entidades sociales, así como regular los mecanismos de colaboración del tercer sector con la administración pública y el sector privado. “Es el reconocimiento político de una realidad que hoy la proclamamos, pero que no tiene ningún marco legal que la reconozca. Existe, está pasando, pero no tenemos una ley que diga esto es el tercer sector y con el tercer sector vamos a hacer estas cosas”, ha sostenido el conseller en una nueva edición del ciclo The New Barcelona – Moments Estel·lars, acompañado por la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra. La sesión ha contado con la colaboración de CASA SEAT, Must Media Group y Barcelona Global.
Esta será una de las vías para reforzar un tercer sector con mucha tradición en Catalunya, pero afectado por los recortes de la última crisis económica, un agravante de sus carencias estructurales históricas. La nueva norma para dar un marco a entidades como las fundaciones, las asociaciones y las cooperativas sin ánimo de lucro, promovida por la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social y La Confederació, se acompañará por otra, la Ley de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales, pensada para modernizar el modelo de concertación y pasar de priorizar, en el proceso de contratación, la oferta económica a la calidad del proyecto y la atención a la persona. Pero, según ha remarcado Campuzano, esta segunda norma será menos probable que se apruebe en esta legislatura, con las elecciones previstas para de aquí menos de un año.
El conseller también ha aprovechado para reclamar “un acuerdo de país” que garantice la equiparación salarial de los trabajadores del tercer sector, mayoritariamente mujeres, una de las principales amenazas del sector. “Este modelo tiene una debilidad enorme: la diferencia de salarios entre las trabajadoras del tercer sector y las trabajadoras que realizan las mismas tareas pero trabajan en el sector salud o en la administración pública”, ha sostenido Campuzano. “Hoy en día una enfermera de salud puede llegar a cobrar un 96% más que una enfermera en una residencia, o una auxiliar de geriatría está cobrando menos que una cajera de supermercado”, ha sostenido. “Nos encontramos ante un reto enorme. Debemos poner recursos y, para eso, es imprescindible un acuerdo de país que nos permita conseguir la equiparación salarial de las trabajadoras del ámbito de los servicios sociales”, ha manifestado. Según Campuzano, estos salarios que están muy por debajo de lo que tocaría no sólo son un problema de “dignidad”, sino que impedirán en el futuro a las entidades poder encontrar a los trabajadores que necesitan.
A todo esto, Lacambra ha reclamado a la administración “más confianza” en las entidades sociales, muchas veces, ahogadas por toda la burocracia que tienen que seguir. “A partir del recelo y la desconfianza, la burocracia nos está atrapando a todos. Nos estamos complicando la vida de una manera extraordinaria”, ha subrayado la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera. La suya es una de las 3.000 entidades del ámbito social que hay en Catalunya, según cifras del Departament d’Afers Socials, un tejido que suma una plantilla global de 100.000 trabajadores y alcanza a un millón de usuarios, reforzados por una red de voluntariado de 300.000 personas.
En el caso de la Fundació Catalunya La Pedrera, heredera de las cajas de ahorro de Catalunya, Tarragona y Manresa, su impacto se expande por toda Catalunya. A través de sus talleres de memoria para enfermos de Alzheimer y Parkinson, la fundación atiende cada día a 2.000 personas en todo el territorio. Gran parte de los recursos los obtiene con su principal activo, La Pedrera, visitada por un millón de turistas al año. Pero también se encargan de explotar Món Sant Benet, un monasterio que, según indica Lacambra, se ha convertido en el tercer generador de empleo en el Bages después de Ausa y Tous. Incluso, tienen en propiedad el 0,5% del territorio de Catalunya, un total de 9.000 hectáreas de patrimonio natural, de las cuales el 70% son zonas boscosas, con trocitos en Montserrat, el Delta de l’Ebre, el Cap de Creus, Tavertet o el Congost de Mont-rebei.
“Nuestra supervivencia no fue fácil, procedíamos de un entorno financiero donde no quedó nada. Gracias a la Ley de fundaciones especiales conseguimos volver a poner en funcionamiento unos estatutos y un patronato. Teníamos un patrimonio, pero no teníamos ni un euro, por lo tanto, tuvimos que empezar a imaginar qué rendimiento se podía sacar de La Pedrera y Sant Benet”, ha explicado Lacambra. Actualmente, el presupuesto de la fundación se sitúa en los 42 millones de euros.
Un sector con raíces medievales
El tercer sector tiene una historia que se remonta mucho tiempo atrás. El origen de estas entidades ahora llamadas sin ánimo de lucro, porque ni son la administración ni son empresas privadas, empezó a aparecer con la revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. “En un momento en que no existía el estado del bienestar, la sociedad civil se empezó a articular para responder a los riesgos sociales asociados a la industrialización, a la pérdida de trabajo, a ponerse enfermo, a tener un accidente o a hacerse mayor y dejar de vivir de tu trabajo”, ha explicado Campuzano. También se reforzaron durante la dictadura franquista, hasta que, con la llegada de la democracia, los diferentes gobiernos configuraron un modelo de atención en colaboración con estas entidades históricas, especialmente, en el campo de la discapacidad, la gente mayor y la infancia.
Ahora bien, según ha subrayado el conseller, algunas de estas iniciativas encuentran sus orígenes en la edad media, con muchas de las fundaciones que gestionan residencias en diferentes municipios procedentes de antiguas organizaciones religiosas que prestaban servicios de caridad o de hospicio.
Según el conseller, “las entidades del tercer sector no sólo son proveedoras de servicios, son también un motor de reivindicación de derechos”. “Tienen un alto valor, porque ayudan a hacer comunidad, a hacernos sentir miembros de una misma sociedad que persigue unas causas comunes”, ha reflexionado. Campuzano ha destacado también “la capacidad de resiliencia” del sector, que, pese a sufrir la crisis, “aguantó bien el tirón de las políticas de austeridad”. “Siempre se habla de la crisis del mundo asociativo, pero tiene una salud de hierro”, ha subrayado. “Pese al creciente individualismo y las redes sociales que nos aislan, hay miles de personas comprometidas con las causas sociales”, se ha felicitado, haciendo referencia de nuevo a los más de 300.000 voluntarios del tercer sector. Por último, el conseller ha asegurado que el Govern “no trabaja para nacionalizar el tercer sector”, en referencia a los colectivos que reclaman que todas estas entidades sean absorbidas por la Generalitat y pasen a ser sector público.
