"Más vivienda, más asequible y más rápido". Podría ser uno de los lemas impresos en una pancarta de las movilizaciones del 11-N, pero es en este caso el hilo conductor de las 20 propuestas que la patronal Cecot ha presentado este martes, de la mano del economista Josep Maria Raya, catedrático de Economía Aplicada del TecnoCampus, centro adscrito a la Universitat Pompeu Fabra. La emergencia habitacional no solo ha llegado a la calle y a las urnas, sino que preocupa también al sector empresarial. "La vivienda es una cuestión social, pero también económica y de competitividad", ha asegurado Xavier Panés, presidente de la Cecot, quien ha reivindicado que "las empresas no son el problema, sino que deben formar parte de la solución".
Ante este escenario, la patronal ha puesto sobre la mesa un conjunto de medidas que quieren ser «concretas, eficaces y bien ejecutadas». Ahora bien, Panés ha advertido que, más allá de las propuestas, hace falta «tiempo, continuidad y estabilidad» para poder abordar un problema estructural que no se puede resolver «en solo dos o cuatro años» y que se ha ido construyendo durante décadas.
Los datos que acompañan el diagnóstico ponen de manifiesto las dificultades para ampliar la oferta residencial en España y, especialmente, la lentitud con que se ejecutan los proyectos. Según ha expuesto Raya durante la presentación, hay aproximadamente siete millones de viviendas potenciales en suelo que ya está planificado en España. Pero, de estos, en las grandes ciudades solo se acaban ejecutando entre el 28% y el 47% de las viviendas previstas. A esta dificultad se añade la lentitud de los procesos urbanísticos: entre que se empieza a planificar una vivienda y una familia entra a vivir pueden pasar entre nueve y dieciocho años. Un plazo que evidencia, según el economista, la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y de desbloquear proyectos que podrían contribuir a incrementar la oferta.
Además, el déficit de vivienda social también es motivo de preocupación. España se sitúa entre cinco y seis veces por debajo de la media europea, dependiendo de si se toma como referencia el conjunto del parque residencial o específicamente el alquiler.
Ante estos datos, Raya ha resumido los dos grandes ejes sobre los que deberían pivotar las políticas de vivienda: «Construir más y más rápido, y hacer crecer el parque de vivienda social». Cualquier política que se aleje de estos dos objetivos, ha advertido, corre el riesgo de desviarse del problema principal: la falta de oferta.

Con todo, la batería de 20 propuestas se articula alrededor de cuatro principios. El primero, que la iniciativa privada es parte de la solución: Raya ha recordado que entre el 60% y el 70% de la vivienda social actual se promueve con participación de la empresa privada y que, por lo tanto, "si queremos vivienda social, necesitamos la vía privada". También ha reivindicado el papel de los propietarios en el mercado del alquiler: "Para que un mercado de la vivienda funcione, necesitamos propietarios que pongan pisos en alquiler. Alquilar no es especular".
El 60% y el 70% de la vivienda social actual se promueve con participación de la empresa privada
El segundo, que la seguridad jurídica debe ser para todos, tanto para los inquilinos como para los propietarios y promotores, y que la protección de los colectivos vulnerables debe ser responsabilidad de la Administración. El tercero, que la fiscalidad debe ir vinculada al uso de la vivienda y no tanto a quien la compra, para favorecer la primera residencia, el alquiler residencial y la vivienda social. Y el último, que el reto de la vivienda "va mucho más allá de la vivienda" y que, por lo tanto, hay que tener en cuenta factores como los salarios, la productividad y las infraestructuras de transporte.
Las 20 medidas para desbloquear la oferta residencial
El informe agrupa las 20 propuestas en siete grandes bloques de actuación, que van desde la movilización de suelo y la densificación urbana hasta la simplificación de los trámites administrativos, el refuerzo de la vivienda social y asequible, la seguridad jurídica, una fiscalidad vinculada al uso residencial y el impulso de la construcción industrializada. Un conjunto de medidas que, según defiende la Cecot, deben permitir desbloquear la oferta residencial, acelerar los plazos de construcción y ampliar el parque de vivienda asequible.
Más suelo y facilitar la construcción
1. Ejecutar el suelo ya planificado dentro de plazos razonables, flexibilizar los procesos de urbanización y permitir que la urbanización y la edificación avancen simultáneamente cuando sea posible.
2. Impulsar una gestión urbanística supramunicipal para evitar que los intereses y bloqueos locales paralicen grandes desarrollos residenciales.
3. Movilizar el suelo público, que representa aproximadamente la mitad del suelo disponible, mediante adjudicaciones transparentes y competitivas.
Densificar allí donde se pueda
4. Permitir más densidad, altura y edificabilidad en los sectores donde sea posible, para aprovechar mejor el suelo y reducir el coste por vivienda.
5. Facilitar los cambios de uso e incrementar hasta un 20% la edificabilidad en edificios plurifamiliares, así como dividir viviendas de grandes dimensiones y reconvertir locales, oficinas y naves en viviendas.
6. Revisar los estándares urbanísticos y técnicos que puedan resultar desproporcionados, como los mínimos de aparcamiento o determinados requisitos constructivos, sin renunciar a los servicios y a la calidad urbana.
Simplificar los procesos administrativos
7. Desarrollar planes urbanísticos en dos capas: una de carácter estratégico y estable y otra operativa que se pueda modificar con más agilidad.
8. Conseguir que los plazos de concesión de licencias no superen los 1 o dos meses, mediante la digitalización, la inteligencia artificial, la ventanilla única y el silencio administrativo positivo.
9. Establecer plazos máximos para las empresas suministradoras de electricidad, gas y telecomunicaciones.
10. Agilizar la aprobación de la ley de simplificación de los trámites urbanísticos mediante una tramitación parlamentaria más rápida.
Hacer crecer el parque social y asequible
11. Facilitar el acceso de la vivienda social a los fondos de infraestructuras sociales, con mecanismos de financiación a largo plazo. Raya también ha reclamado revisar las dificultades de financiación que afrontan los pequeños promotores.
12. Garantizar un parque público permanente, con calificación indefinida y mayoritariamente destinado al alquiler.
13. Comprar derechos de uso de viviendas durante periodos de 20 o 25 años para incorporarlos al parque social, siguiendo ejemplos como el de Dublín, y movilizar viviendas vacías.
Garantizar la seguridad jurídica
14. Evitar que defectos formales comporten la anulación de planes urbanísticos enteros y desbloquear la reforma de la Ley del Suelo. Actualmente, según los datos expuestos, hay 94 municipios españoles con el planeamiento anulado desde 2023.
15. Garantizar la protección de los inquilinos vulnerables sin trasladar el coste a los propietarios, por ejemplo, mediante un seguro público de impagos asumido por el Estado.
Una fiscalidad razonable y según el uso
16. Aplicar una fiscalidad progresiva que facilite el acceso a la primera vivienda habitual, a tipo 0, con una reducción del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales.
17. Reducir al mínimo la fiscalidad de la vivienda social, incluyendo el IVA, el impuesto sobre construcciones y las tasas de licencia.
18. Hacer que la fiscalidad premie el uso residencial de la vivienda, tanto si se destina a residencia habitual del propietario como si se pone en el mercado de alquiler residencial, en lugar de basarse exclusivamente en el perfil del comprador.
Impulsar la construcción industrializada
19. Establecer programas públicos plurianuales, líneas de financiación del ICO adaptadas a los calendarios de la construcción industrializada y procesos de homologación más ágiles.
20. Promover el relevo generacional y la formación profesional dual en construcción para afrontar el envejecimiento de la mano de obra y la falta de profesionales del sector.

Un pacto de Estado con objetivos anuales
Más allá de las medidas concretas, Raya ha defendido que "la vivienda debería convertirse en un pacto de Estado, con objetivos anuales de producción residencial y un presupuesto público estable" para impulsar la vivienda social.
Raya: "La vivienda debería convertirse en un pacto de Estado, con objetivos anuales de producción residencial y un presupuesto público estable"
El economista ha puesto como ejemplo Viena, que ha desarrollado su política de vivienda a lo largo de un siglo, con inversión pública y continuidad en el tiempo. "No podemos conseguir en un año lo que Viena ha conseguido en un siglo, pero cuanto antes empecemos, antes estaremos más cerca", ha apuntado.
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