"El Joan Petit fa vaga, vaga, vaga, vaga. El Joan Petit fa vaga, vaga pels seus drets. Pels seus drets, drets, drets. Pels preus dels lloguers. Pels finals del mes. Pels desnonaments. L'11M ens aturem".
Para los que no conozcáis la canción tradicional catalana sería algo así: "El Joan Petit hace huelga, huelga, huelga, huelga. El Joan Petit hace huelga, huelga por sus derechos. Por sus derechos, derechos, derechos. Por los precios de los alquileres. Por los finales de mes. Por los desahucios. El 11M nos paramos".
La versión de Joan Petit no es mía, no os penséis. La publicó el cantante y creador de contenido Julen Music pocos días antes de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, convocada por diversas organizaciones sindicales para reclamar salarios dignos, vivienda asequible y unas condiciones de vida mejores. "Salarios, vivienda y precios."
Una huelga que pone sobre la mesa cuestiones que nos afectan a todos. Porque ¿quién puede negar que la vivienda se ha encarecido mucho por encima de la capacidad adquisitiva de buena parte de la población? ¿Quién puede negar que llegar a final de mes es cada vez más difícil? ¿O que la inflación, la presión fiscal y el coste de las necesidades más básicas han ido erosionando nuestra calidad de vida? Todo esto en una economía que, por cierto, puede presumir de crecimientos del PIB del 2,7%.
El problema existe. Y es grave. Pero ante el malestar y, sobre todo, ante una convocatoria que combina reivindicaciones laborales con demandas de carácter marcadamente político, me pregunto si estamos identificando correctamente las causas de esta situación, si nos estamos haciendo nosotros mismos trampas al solitario, y sobre todo, si estamos proponiendo las soluciones adecuadas.
¿Empezamos por la vivienda?
Primero: la vivienda. Tenemos un problema de oferta
Comencemos por una evidencia: no tenemos suficiente vivienda disponible allí donde la gente la necesita. Y cuando la demanda crece mucho más rápido que la oferta, el resultado es previsible: los precios aumentan.
Y esto no es nuevo. Hace años que sabemos que necesitamos mayor oferta de vivienda y que estamos a la cola de Europa en parque residencial público. Pero por lo que nos dicen las cifras, no se han tocado bien las teclas: en los últimos años hemos disminuido aún más la oferta. De hecho, lo hemos hecho drásticamente.
Según datos del Observatorio del Alquiler el número de viviendas disponibles en el mercado de alquiler en Barcelona se ha reducido más de un 30% desde 2019, año prepandémico. Esta cifra refleja la evolución de la oferta disponible, no del parque total de viviendas de alquiler.
"El número de viviendas disponibles en el mercado de alquiler en Barcelona se ha reducido más de un 30% desde 2019"
Y ya lo decía Ivan Vaqué, CEO de Forcadell, la semana pasada en la presentación de su informe inmobiliario, “en 2006 el mercado de la vivienda estaba marcado por los excesos financieros y el riesgo asociado al crédito. Veinte años después, el principal desequilibrio es diferente: la escasez de oferta. Sin más suelo finalista, licencias más ágiles y reglas estables, ninguna medida de demanda abaratará la vivienda”. Ninguna medida.
Y así vamos: en Barcelona, el alquiler medio mensual ha pasado de los 929,57 euros de 2018 a los 1.134,61 euros de 2025, según los datos del Incasòl. Un incremento de aproximadamente el 22%.
Y las dificultades no terminan con el alquiler. Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, el precio de la vivienda en Barcelona se ha incrementado también un 21% desde 2018, pasando de 339.800 euros de medio según las compraventas registradas en 2018 a 412.000 euros en 2026.
De hecho, comprar una vivienda de 85 metros cuadrados en Barcelona exige un esfuerzo equivalente a 7,2 años de renta íntegra. Una persona debería ahorrar 7 años su sueldo íntegramente para poder afrontar la entrada de un piso. Y si asumimos una tasa de ahorro teórica del 11%, y le sumamos los impuestos de la compra –mínimo el 10% por el ITP–, el cálculo se eleva hasta los 19,6 años.
Ivan Vaqué: "Sin más suelo finalista, licencias más ágiles y reglas estables, ninguna medida de demanda abaratará la vivienda”
Son cifras que no necesitan mucha interpretación.
Y, mientras tanto, no construimos lo suficiente.
Barcelona ha tenido durante años una política de vivienda que ha convertido la intervención normativa en una especie de sustituto de la ampliación de la oferta. El mejor ejemplo es la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, aprobada en 2018.
La intención era buena: conseguir unos 330 viviendas protegidas anuales a través de la participación del sector privado. Pero los resultados han quedado muy lejos de las expectativas: solo se han construido 34 viviendas protegidas bajo esta normativa.
Ocho años después, cuesta no hacerse una pregunta: si una política no está dando los resultados esperados, ¿no deberíamos revisarla?
No se trata de negar la necesidad de vivienda protegida. Ni de renunciar a la colaboración público-privada. Se trata de entender que una regulación que hace inviable una promoción puede acabar generando exactamente lo contrario de lo que pretendía: menos vivienda.
"Queremos que el sector privado construya más vivienda, pero a la vez hemos construido un discurso político que a menudo lo presenta como un enemigo"
Y aquí hay una contradicción que me parece especialmente significativa. Queremos que el sector privado construya más vivienda, pero a la vez hemos construido un discurso político que a menudo lo presenta como un enemigo. Queremos más propietarios que pongan pisos en el mercado de alquiler, pero los tratamos como si fueran sospechosos por definición.
Quizás deberíamos empezar a distinguir que no todos los propietarios son iguales. Ni todos los promotores. Ni todas las empresas. No es lo mismo un pequeño ahorrador que alquila una segunda vivienda que un gran fondo de inversión que opera con cientos de propiedades.
De hecho, conviene hacer un pequeño recordatorio: según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB), en los datos correspondientes a 2025, el 83,5% de los propietarios de Barcelona solo tiene una vivienda. Pero estos pequeños propietarios concentran el 55,3% del parque. En el otro extremo, el 2,2% de los propietarios —los que tienen cinco o más— acumula el 22,8% de las viviendas.
"El 83,5% de los propietarios de Barcelona solo tiene una vivienda"
Y cuando miramos quién hay detrás de esta propiedad, las diferencias todavía son mayores: las personas físicas representan el 96,3% de los propietarios y tienen el 84,5% de las viviendas, mientras que las personas jurídicas son solo el 3,7% de los titulares pero concentran el 15,2% del parque. Las empresas, por sí solas, acumulan el 12% de las viviendas de Barcelona.
Así pues, no podemos pretender ampliar la oferta desde la demonización. Es decir, si hacemos cada vez más difícil que esta oferta se produzca.
Hay muchas otras fórmulas para actuar sobre la demanda e incentivar comportamientos deseables. Por ejemplo, establecer ventajas fiscales para los propietarios que alquilen a personas empadronadas en Barcelona, o aquellos que ofrezcan contratos de larga duración y precios asequibles. Premiar aquello que queremos conseguir, en vez de limitarnos a penalizar aquello que no nos gusta.
Y si con la vivienda el culpable es el propietario, con los salarios parece que el culpable sea el empresario. Así que... ¿hablamos de los salarios?
Segundo: los salarios. Una subida nominal no es necesariamente una mejora del poder adquisitivo
El salario mínimo interprofesional ha pasado de los 735,90 euros mensuales en catorce pagas de 2018 a los 1.221 euros de 2026. Y esto supone un incremento del 66%.
Es una subida importante, pero, ojo, no nos confundamos: que el salario mínimo haya crecido un 66% no significa que el poder adquisitivo de los trabajadores haya aumentado en la misma proporción. De hecho, tampoco quiere decir que los salarios de los barceloneses en general hayan crecido un 66%.
Si miramos el salario medio de Barcelona, la fotografía es bastante diferente. El salario medio bruto anual ha pasado de los 30.807 euros de 2018 a los 36.466 euros de 2024. Es decir, un incremento del 18,4%.
Y en este mismo periodo, el IPC acumulado ha crecido más. Según datos del INE, el incremento acumulado del IPC en España en este periodo ha sido del 25,6%. Y más acentuado, por cierto, en alimentación y bebidas. En la cesta de la compra.
"El salario medio bruto anual de los barceloneses se ha incrementado un 18,4% desde 2018"
Y esto –alimentos básicos y vivienda– merma directamente el poder adquisitivo de los barceloneses. De hecho, según datos del Ayuntamiento, todavía en 2024 el salario medio de Barcelona no había recuperado el poder adquisitivo de 2010: estaba un 4,2% por debajo.
Por lo tanto, sí: hay un problema de poder adquisitivo. Y es perfectamente legítimo reclamar salarios que permitan vivir dignamente.Pero aquí también hay que introducir matices. No todos los salarios han evolucionado igual. No todas las empresas tienen la misma capacidad para asumir incrementos salariales. Y no podemos confundir las grandes corporaciones cotizadas, las multinacionales y las pymes, que a menudo operan con márgenes, estructuras y capacidades de inversión radicalmente diferentes.
Cuando hablamos de facturaciones récord, por ejemplo, deberíamos preguntarnos también qué pasa con los costes, los márgenes y los beneficios. Facturar más no es necesariamente ganar más.
Porque aquí nos topamos con otro elemento que a menudo queda fuera del debate: la fiscalidad, tanto para los ciudadanos como para las empresas.
Según el Instituto de Estudios Económicos, en 2024 las empresas españolas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos, frente al 26% de media de la Unión Europea. En términos de PIB, la presión fiscal empresarial representó el 12,5%, frente al 10,3% europeo. También el esfuerzo fiscal de los contribuyentes españoles se situaba en el año 2024 un 14,1% por encima de la media comunitaria. Aquí recibimos todos.
Y eso no significa que cualquier impuesto sea malo ni que las empresas no deban contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Pero sí que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto podemos seguir incrementando las cargas sobre quien produce, invierte y contrata sin comprometer la capacidad de generar actividad económica.
"Hasta qué punto podemos seguir incrementando las cargas sobre quien produce, invierte y contrata sin comprometer la capacidad de generar actividad económica"
Es decir, hay una diferencia enorme entre el “te freiremos a impuestos” que hemos oído estos días, y querer construir un tejido empresarial próspero, capaz de generar riqueza, empleo de calidad y mejores salarios. Un sistema que no solo sea capaz de redistribuir la riqueza que existe, sino que también cree las condiciones para que haya más.
Porque, al final, ¿de dónde salen los salarios? ¿De dónde salen los recursos para financiar los servicios públicos? ¿De dónde salen las cotizaciones que sostienen las pensiones? De una economía que produce, que compite, que invierte y que genera valor añadido.
Tercero (y último): el problema quizás es más estructural de lo que pensamos
Podemos discutir sobre salarios, alquileres, impuestos y responsabilidades empresariales –¡hagámoslo!–, pero en el fondo el debate recae en el modelo económico que estamos construyendo.
Los datos de PIB per cápita de Cataluña son bastante ilustrativos. En 2005 estábamos en 26.485 euros por habitante, frente a los 22.110 de la media europea. Veinte años después, en 2025, los datos provisionales nos sitúan en 41.052 euros, mientras que la media de la UE alcanza los 41.600.
Es decir, hemos pasado de estar cerca de un 20% por encima de la media europea a quedar ligeramente por debajo. Nos estamos empobreciendo en términos relativos.
"Nos estamos empobreciendo en términos relativos"
Y eso no se arregla señalando al propietario que alquila un piso, al empresario que intenta mantener su actividad o a la empresa que obtiene beneficios. Se arregla preguntándonos por qué nuestra economía no genera suficiente valor añadido, como señalaba hace unos meses el Informe Fénix, o por qué tenemos una dependencia tan elevada de determinadas actividades de servicios y por qué nos cuesta tanto ganar productividad.
Necesitamos una economía más tecnificada, más industrializada, más productiva y con más capacidad de innovación. Una economía que genere puestos de trabajo de mayor valor añadido y salarios más elevados porque es más competitiva, no porque una norma obligue a pagarlos. También una administración ágil y profesionalizada, que pueda responder a los retos socioeconómicos que se derivan de estos desequilibrios estructurales. Porque, si a todo esto le añadimos el envejecimiento demográfico y la presión creciente sobre el sistema de pensiones y el estado del bienestar, tenemos un reto que va mucho más allá de una jornada de huelga.
Y en medio de las protestas –legítimas– que hoy están parando una parte de la economía y saliendo a la calle, veo el riesgo de que determinados discursos políticos y sociales estén convirtiendo la prosperidad en algo sospechoso. Como si tener patrimonio fuera necesariamente especular. Como si tener una empresa fuera necesariamente explotar. Como si obtener beneficios fuera incompatible con contribuir al bienestar colectivo.
"Veo el riesgo de que determinados discursos políticos y sociales estén convirtiendo la prosperidad en algo sospechoso"
La simplificación es muy cómoda. Nos permite identificar un culpable, construir un relato y prometer soluciones aparentemente sencillas. Pero la realidad es que las políticas públicas no deben juzgarse por las intenciones, sino por los resultados.
La reserva del 30% es un ejemplo. La regulación puede tener una finalidad social impecable y, al mismo tiempo, producir resultados decepcionantes. Y cuando esto ocurre, hay que tener la valentía de rectificar. Porque no podemos pretender tener más vivienda, más salarios, más servicios públicos y más bienestar si, al mismo tiempo, vamos debilitando las estructuras que hacen posible generarlos.
No necesitamos más enemigos. Necesitamos mejores políticas. Y, sobre todo, una economía capaz de generar suficiente riqueza para que vivir dignamente deje de ser una reivindicación y vuelva a ser una expectativa razonable.
Quizás, antes de buscar a quién señalar, deberíamos empezar a preguntarnos qué estamos haciendo mal como país. Y después del análisis, del diagnóstico, asumir la responsabilidad de construir alternativas. Y esta responsabilidad también es nuestra, de los ciudadanos.
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