La cementera Molins retorna su sede social a Catalunya después de haberla trasladado por el referéndum del 1-O. El consejo de administración ha tomado la decisión este martes por unanimidad “pensando en el mejor interés de la compañía”. El domicilio social volverá a estar en Sant Vicenç dels Horts, donde está su principal fábrica en España, tras haberlo tenido durante siete años en Madrid.
Molins se convierte así en la primera gran empresa que regresa, después de que otras más pequeñas como Laboratorios Ordesa, fabricante de las leches y cereales infantiles Blemil y Blevit, y la tecnológica Red Points también lo hayan hecho. Agbar también dio marcha atrás, haciéndolo tan solo un año después de la votación independentista de 2017. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la decisión de Molins: “Grandes empresas vuelven a Catalunya. Podemos abrir una etapa de avances si hacemos bien el trabajo”. Para Foment del Treball, que se ha fijado como objetivo que las compañías vayan volviendo, el anuncio “es un primer paso”, pero espera que “no sea el último”.
El consejo de administración de Molins ha considerado que se da ahora una situación de seguridad jurídica en Catalunya, así como de estabilidad política y social. La propiedad de la empresa está controlada por tres ramas familiares, los Molins Amat, los Molins López Rodó y los Molins Gil, quedándose con alrededor el 80% del capital que se reparte a tercios. La compañía, que cotiza en los corros de la Bolsa de Barcelona desde hace 70 años, facturó 1.349 millones de euros el año pasado y obtuvo unos beneficios de 151 millones de euros. Con una plantilla de 6.300 trabajadores, opera en varios mercados como Alemania, Croacia, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Turquía, Túnez, Bangladesh e India.
Se pone así fin a un conflicto que había dividido a la propiedad. El 20 de octubre de 2017 la compañía decidió trasladar su sede social a Madrid ante la inseguridad jurídica causada por la situación política, como hicieron unas 4.000 empresas catalanas más. En su caso, el movimiento fue contestado por una parte de los Molins Amat, que llevó la decisión a los tribunales. La justicia dio la razón a la empresa, pero los demandantes recurrieron la sentencia, cuestión aún por resolver.
