La torre Muñoz de paseo de Gràcia con Diagonal volverá a la actividad. Una década después de que la Generalitat la vendiera en una operación finalmente fallida, el Govern ha decidido rehabilitarla, con unas obras que se alargarán hasta 2030 y que tendrán un coste de cerca de 27 millones de euros.
El inmueble, que se levanta junto al jardín del Palau Robert, se convertirá en un gran centro de atención ciudadana, y en la sede de diversos organismos. Entre ellos, se incluyen el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) y la Comissió Jurídica Assessora, como ha detallado La Vanguardia.
Para ello, el edificio deberá rehabilitarse de forma integral, para adaptar sus más de 6.000 metros cuadrados de superficie a sus nuevos usos. Con el traslado de estos organismos a su nuevo emplazamiento centralizado, la Generalitat se ahorrará unos 75 millones de euros en 20 años —49, si se descuenta el coste que implicará la reforma—. De hecho, la compra se enmarca en la estrategia del Govern de priorizar la utilización de espacios de compra por encima de los del alquiler.
Sin embargo, la reforma del edificio no sólo persigue este objetivo de ahorro, sino también de acercar la administración a la ciudadanía, incluso en la era digital. Con este objetivo, la planta baja albergará una gran oficina de atención ciudadana, como ha detallado la Generalitat a TheNBP. Esta nueva gran oficina, con 800 metros cuadrados, podrá atender a unas 100.000 personas al año, lo que la convertirá en la más importante en volumen de consultas.
La Generalitat es la propietaria de la Torre Muñoz desde 1981. Entonces la adquirió junto al Palau Robert, y ubicó en el inmueble dependencias de la Conselleria de Empresa. Fue en 2015 y debido a la crisis económica cuando decidió venderla, en un paquete que incluyó también la entonces sede de la Secretaria de Empleo, en la calle Sepúlveda.
Ambos edificios se vendieron por un total de 63 millones de euros, pero el comprador no llegó a pagar más que la reserva que entregó inicialmente. Después de un proceso de judicialización, el Tribunal Supremo dictaminó en 2021 que la torre Muñoz pertenecía a la Generalitat, que ahora la devuelve a la vida con su reforma.
