Obras de cobertura de la Estación de la Sagrera, en Barcelona.

El tejido económico catalán se conjura para la reforma del sistema de financiación

Las trece Cámaras de Comercio, Foment, Pimec, Barcelona Global, el Cercle d’Economia, el Col·legi d’Economistes, FemCat y el Racc urgen en bloque un cambio que pase o bien por una profunda reforma del sistema actual, o bien por articular un nuevo modelo mediante un pacto fiscal o una estructura federal 

Una veintena de instituciones del tejido económico y empresarial catalán se han unido para reclamar una reforma del sistema de financiación autonómica. En una inédita postura unánime en materia fiscal, los influyentes actores del panorama económico de Catalunya han exigido medidas ambiciosas para corregir un sistema que consideran que actualmente no es transparente, equitativo ni eficiente. 

Así lo afirman las trece Cámaras de Comercio catalanas, Foment del Treball, Pimec, Barcelona Global, el Cercle d’Economia, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, FemCat y el Racc, en una declaración conjunta que las 20 instituciones han trabajado con discreción, y que también apoya Cecot. En ella, las entidades inciden en la necesidad de corregir un sistema que creen que obstaculiza el progreso económico y el bienestar social de muchas Comunidades Autónomas, y proponen dos vías para hacerlo: o bien reformando en profundidad el sistema actual, o bien cambiándolo por un nuevo sistema, ya sea con un modelo federal o mediante un pacto fiscal. 

En cuanto a esta posibilidad, las 20 instituciones signatarias defienden que un modelo federal o un pacto fiscal asegurarían la transparencia y eficiencia del sistema, y proponen acompañar esta opción de un mecanismo de solidaridad interterritorial. En el caso de optar por un modelo federal, las entidades señalan que se debería redefinir la capacidad normativa, de gestión, recaudación e inspección de todas las Comunidades Autónomas, para avanzar hacia un sistema en el que cada territorio dispondría de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal con los ingresos que le corresponderían. 

Defienden que el sistema de financiación debe ser equitativo y respetar el principio de ordinalidad, además de asignar los recursos en función de las diferencias del coste de vida entre territorios

Las instituciones aseguran que un pacto fiscal también “aseguraría la suficiencia financiera de Catalunya”. Con la Generalitat como recaudadora y administradora de todos los tributos generados en el territorio, asumiría un poder normativo sobre éstos similar al que corresponde a las comunidades forales, según la propuesta surgida del tejido empresarial y económico catalán. 

En el caso de apostar por mantener el sistema de financiación actual y modificarlo, las instituciones advierten de que “la reforma debería ser profunda y amplia para asegurar la autonomía financiera y mejorar la capacidad de gestión tributaria” de las Comunidades Autónomas. “Si la autonomía financiera no queda resuelta de manera definitiva y diáfana, continuaremos instalados en el debate permanente y confuso sobre los desequilibrios financieros a nivel territorial”, avisan, y piden también reformar el sistema de anticipos.

Independientemente “del nuevo modelo de financiación que el conjunto de fuerzas políticas inevitablemente deben acordar”, las entidades sostienen que se deberán introducir mecanismos que garanticen la lealtad institucional y que blinden las competencias de cada administración. Y es que “una de las principales fuentes de confusión y de conflicto entre las diferentes administraciones y fuerzas políticas recae en la falta de concreción”, algo que creen que debe corregirse mediante el blindaje de competencias y esta lealtad institucional. 

Respetar el principio de ordinalidad

Las instituciones impulsoras de la declaración recalcan que el sistema de financiación debe ser equitativo y debe respetar el principio de ordinalidad, además de asignar los recursos en función de las diferencias del coste de vida entre territorios. Ante un sistema actual que creen que no es equitativo, defienden que los mecanismos de nivelación deben garantizar que la renta familiar disponible per cápita en los territorios que más aportan no quede por debajo de las que aportan menos. 

Tuneladora de la L9 de Metro.

En el actual modelo y sin tener en cuenta a las comunidades forales, Catalunya es la segunda comunidad en términos de PIB per cápita y, sin embargo, es la décima en cuanto a los recursos que recibe. Además, caería a la decimocuarta posición si se tuviera en cuenta la variación del coste de la vida, algo que las instituciones califican de “determinante para garantizar que los recursos se asignen de forma equitativa y que no se produzca una pérdida de renta familiar disponible en ningún territorio”. 

Las instituciones piden que se vuelvan a publicar los datos de inversión territorializada y que se haga pública la información necesaria para conocer las balanzas fiscales

Y es que las empresas y agentes económicos representados por las destacadas instituciones lo tienen claro: “Los territorios como Catalunya, con una densidad más grande de población y potencial económico, deben recibir un volumen de inversiones proporcional y adecuado a sus necesidades”. Además, este volumen debe ir en consonancia con el peso del PIB en el conjunto de la economía española, según la declaración. 

Nivel de ejecución presupuestaria

Del mismo modo, las entidades instan a garantizar “una mayor correspondencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta”, así como habilitar mecanismos transparentes y efectivos de rendición de cuentas respecto al grado de ejecución. Todo en un contexto en el que la inversión total del conjunto del sector público en Catalunya se sitúa sistemáticamente por debajo del peso del PIB del territorio catalán. 

Las entidades instan a garantizar mayor correspondencia entre lo presupuestado y lo ejecutado

En cuanto a la transparencia, las entidades aunadas en torno a esta declaración lamentan que el Gobierno central haya dejado de publicar la distribución territorial de su inversión. Por ello, exhortan a que se continúen publicando los datos de inversión territorializada con el mismo formato y periodicidad que se hacía antes de que se decidiera dejar de hacerlas públicas hace precisamente un año. También en aras de la transparencia, las 20 instituciones exigen que se haga pública la información necesaria para conocer las balanzas fiscales de todas las Comunidades Autónomas con el Estado. Todo con el fin de evaluar un sistema de financiación que urgen cambiar para avanzar hacia un modelo más equitativo y eficaz.