El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF) un acuerdo cifrado en 140 millones de euros para facilitar la construcción de 1.000 viviendas sociales en un plazo de diez años, en régimen de alquiler asequible o covivienda. El consistorio dará apoyo con su garantía a las operaciones, posibilitando el acceso a la financiación, facilitada en buenas condiciones por el ICO y el ICF, que aportarán 70 millones de euros cada uno.
“Es la operación más grande de crédito público en Catalunya y España que se ha hecho nunca desde un ayuntamiento”, ha señalado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la presentación del convenio, que ha valorado como “histórico, pionero y muy importante”. Para la primera edil, se fortalece así la vivienda pública en la capital catalana, una de sus grandes asignaturas pendientes, así como del resto de ciudades españolas.
El convenio está pensado para hacer llegar el crédito a fundaciones y cooperativas que quieran impulsar proyectos de rehabilitación y construcción, sorteando los escollos que suelen encontrar estas entidades, como las dificultades para acceder a vías de financiación o a terrenos con precios razonables. Por ello, los pisos se alzarán sobre suelo municipal o se rehabilitarán edificios municipales, con el consistorio cediendo gratuitamente el derecho de superficie durante un periodo de casi 100 años.
Las operaciones de financiación cubrirán hasta el 100% del coste del proyecto, con un límite máximo del valor de la tasación excluyendo el suelo y en función de los módulos vigentes. Para este año, el límite se fijará orientativamente en 120.000 euros por vivienda. Las entidades podrán retornar el préstamo en un plazo de 30 años.
El Ayuntamiento será el encargado de escoger los proyectos que podrán optar a estar financiación. Por ejemplo, se valorará que incorporen mejoras energéticas que reduzcan la huella ecológica y limiten los elementos contaminantes. También se tendrá en cuenta que garanticen un precio por debajo del mercado, con unos alquileres que oscilarán entre los 600 y los 700 euros mensuales. La administración local también otorgará subvenciones, con un valor de entre el 7% y el 15% del coste de la construcción o la rehabilitación.
1.100 pisos de alquiler asequible más en el área metropolitana
El convenio suscrito por el consistorio barcelonés, el ICO y el ICF se suma al crédito aprobado el miércoles por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El consejo metropolitano ha autorizado la firma de un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe de 145 millones de euros. Los recursos se destinarán a construir 1.100 viviendas sociales de alquiler asequible en diferentes municipios metropolitanos.
La promoción de este parque de viviendas irá a cargo del Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) y se hará durante los próximos cuatro años. La inversión total del AMB en este proyecto se acercará a los 200 millones de euros.
