Gesto unánime de las principales entidades empresariales de Catalunya en contra de la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Entidades del tejido económico y empresarial catalán han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que frene la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, en el marco de la consulta pública sobre la operación que el propio Sánchez anunció el lunes en la Reunión Anual del Cercle d’Economia.
Alegando razones de interés general, firman la misiva las 13 cámaras de comercio de Catalunya, Barcelona Global, Cecot, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, FemCat, Fira de Barcelona, Foment del Treball, Pimec, Pimec Autònoms y el RACC, que consideran que la operación implica riesgos en ámbitos como la concentración empresarial, el acceso al crédito y la retención de talento del sector financiero, con la pérdida de empleos y de oficinas.
En la carta, las entidades reclaman a Sánchez que ejerza sus competencias y apueste por preservar un modelo bancario más próximo, competitivo y arraigado en el territorio. En concreto, las firmantes citan cinco argumentos que consideran suficientes para frenar la OPA: sostienen que sería perjudicial por una “excesiva concentración” de poder empresarial y financiero; creen que podría implicar la pérdida de empleo y de oficinas; defienden retener talento financiero en los distintos territorios, y piden preservar canales de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión.
En esta línea, aseguran que la operación puede conllevar una pérdida de entre 54.000 y 70.000 millones de euros en crédito disponible para las pequeñas y medianas empresas. En el caso de que desapareciera el Sabadell, advierten de que sería “difícilmente reemplazable por otros operadores”, y se debilitaría el ecosistema de talento e innovación, así como las conexiones entre universidades, escuelas de negocios y el sector financiero.
El último argumento de las entidades también va ligado a la distribución territorial, y es que consideran que, si se materializa la operación, perjudicaría la cohesión social y territorial. En este sentido, argumentan que la fusión comportaría una excesiva centralización del poder económico del poder financiero en el centro de la península y que implicaría consecuencias negativas al equilibrio territorial y el acceso a la financiación en otras regiones.
En este sentido, aseguran que existe un “consenso ampliamente compartido” por todas las entidades empresariales catalanas sobre las consecuencias “no deseables” para el interés general de Catalunya y el conjunto de España. En este contexto, han impulsado una campaña para invitar a empresas y ciudadanía a participar en la consulta, que ven como una oportunidad para reflejar la opinión pública sobre esta operación.
