La Llei de Cambres ya es una realidad después de una década de negociaciones. Este miércoles, después de que el Consell de Garanties Estatutàrias (CGE) avalara su adecuación a la Constitución y al Estatuto el pasado agosto, el pleno del Parlament ha dado luz verde a la norma propuesta por el PSC-Units, Junts, ERC y el PPC. Esta decisión ha puesto punto final al frente interno abierto entre cámaras y ha actualizado la ley en el marco legal estatal de 2014. La nueva normativa establece un doble sistema de financiación, tanto público como privado. También regula el Consell General de las Cambres como órgano consultivo y de "colaboración" con las instituciones. En otras palabras, las 13 cámaras catalanas tendrán más voz en cuestiones económicas generales, una interlocución directa con la administración pública y una financiación específica.
El pleno del Parlament ha aprobado la nueva Llei de Cambres con 114 votos a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Partido Popular (PP) y Aliança Catalana), 9 en contra (Comuns y la CUP) y 11 abstenciones por parte de Vox. Así pues, la normativa que no se cambiaba desde 2002 y llevaba 10 años encallada ha sido reconocida por una mayoría sustancial a pesar del momento político convulso, con unas elecciones estatales a finales de noviembre. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la aprobación, Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona ha agradecido "el gran apoyo de los partidos políticos". Por el contrario, ha lamentado el tiempo de espera y negociación de la ley: "Nos lo tenemos que hacer mirar por tardar tanto en aprobar una normativa así".
Josep Santacreu (Cambra de Comerç de Barcelona): "Nos lo tenemos que hacer mirar por tardar tanto en aprobar una normativa así"
Sin duda, el cambio más notorio con esta nueva ley es el modelo de financiación. En un plazo de seis meses después de la aprobación de la ley este miércoles, el Govern y las cámaras deben suscribir un convenio plurianual de tres años y la Generalitat debe prever anualmente una partida específica para las entidades. Se ha pactado que esta financiación sea de implementación progresiva durante los tres años: 3 millones de euros el primer año, 5 millones el segundo año y 7 millones el tercer año. Esta cuestión genera cierta preocupación dentro de las cámaras, ya que Santacreu ha asegurado en declaraciones posteriores a los medios de comunicación que le gustaría que fuera una partida "más estable". De hecho, el mismo diputado de Junts, Joan Canadell, que también presidió la cámara barcelonesa entre 2019 y 2021, concretaba que al ser una financiación pública que "está vinculada a las disponibilidades presupuestarias", podía ser "cláusula peligrosa".
Más allá de la financiación, la nueva ley ordena cuatro grandes ámbitos donde actúan las Cambra de Comerç: la representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación; la colaboración con las administraciones; la prestación de servicios a las empresas y el fomento del catalán. De esta manera, busca reforzar la función de representación de los intereses generales y "consolidar un modelo de gobernanza basado en la pluralidad", según ha explicado la cámara barcelonesa en un comunicado. Así pues, se ha aprobado una normativa que quiere poner las cámaras dentro del diálogo social, sin convertirlas "en actores sociales", en palabras de Santacreu, pero darles un espacio de comunicación y debate en cuestiones que afecten los intereses generales de la economía.
Más colaboración público-privada
Otra de las grandes novedades que introduce la ley es la nueva configuración de los Planes Camerales, un instrumento que permitirá articular con más coordinación la colaboración entre las cámaras y las administraciones públicas. Para las cámaras, el diálogo con la administración pública debe ser constante y ellos mismos se ven con la capacidad de identificar y poner sobre la mesa "las necesidades prioritarias de la economía de cada territorio de Cataluña", ha confirmado la Cambra de Comerç de Barcelona. A través de estos planes, pues, las entidades podrán proponer objetivos de desarrollo económico y plantear actuaciones específicas para alcanzarlos. Todo, sin embargo, en negociación con las administraciones públicas competentes. La norma también define con más precisión la participación de las cámaras en ámbitos como los estudios económicos, las encuestas empresariales, la promoción económica o el desarrollo de la FP.
Además, se establece un marco más claro para las relaciones entre el Consejo General de Cambres de Catalunya y las cámaras territoriales, tanto en cuanto a la gobernanza como a la financiación de los proyectos compartidos. También en la rueda de prensa posterior al acuerdo, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs y el presidente de la Cambra de Comerç de Girona y vicepresidente del Consell General de Cambra de Catalunya, Jaume Fàbrega han agradecido que sea una ley que ponga el foco en mejorar y agilizar el trabajo de las personas que forman parte de estas entidades, repartidas por todo el territorio: "Es reconocer el trabajo de 400 personas", ha dicho Gratacòs.
La sombra de las sillas de plata
El voto en contra de Comuns y CUP a la ley va ligado a un tema que ha sido polémico durante toda la negociación: la ampliación del número de sillas de plata. Son los puestos del pleno de la Cambra de Comerç que se asignan a las grandes empresas o entidades que realizan una aportación económica voluntaria más elevada a la corporación, en lugar de ser elegidos por votación directa de los sectores productivos. La nueva ley no fija el número de estas sillas: prevé la figura, pero el aumento de dos a diez es un acuerdo del pleno de la Cambra de Comerç de Barcelona, que aprobó la propuesta del comité ejecutivo que preside Santacreu. Esta decisión levantó mucha polvareda y abrió el debate sobre la representatividad del sector en las cámaras. De hecho, los dos partidos que ahora se han opuesto a la ley llevaron el tema ante el CGE, que finalmente negó cualquier irregularidad y consideró que la nueva composición del pleno cameral "ha valorado de manera objetiva y razonable la diversidad existente dentro del tejido empresarial".
Las enmiendas de Comuns y CUP sobre esta cuestión han sido desestimadas en el pleno del Parlamento y, por tanto, Santacreu tiene vía libre para aplicar la ampliación de dos a diez sillas. Por ello, ambos grupos han mantenido su voto en contra. También Vox se ha abstenido sin intervenir en este punto, aunque ha dejado claro que para ellos la norma es "demasiado intervencionista". Santacreu ha comentado estas posiciones tras la aprobación y ha reconocido que no le afectan especialmente: "Si un extremo y el otro tienen opiniones contradictorias, algo estaremos haciendo bien", ha sentenciado.