Más de 300 entidades del mundo económico y social se han unido para reclamar menos burocracia y una administración más profesionalizada. Bajo el paraguas del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), se ha agrupado una gran amalgama de asociaciones, colegios, fundaciones y gremios, aunque también algunas empresas como Amat Immobiliaris, Ficosa o Girbau. Es una larga lista que critica la baja calidad de la administración pública y ve urgente su modernización por el coste que supone para todos los ciudadanos, en un contexto en el que cada vez se extiende más la antipolítica y se empieza a ser consciente de los peligros de desprestigiar a las instituciones, como se ha visto en Valencia ante la catástrofe de la DANA.
“Hace diez años que trabajamos, no somos flor de un día”, ha defendido su coordinador, Antoni Biarnés, en un acto este miércoles para presentar sus principales reclamaciones, con una alarmante escasa presencia femenina entre los portavoces. Llevan tiempo pidiéndolo y reconocen la oportunidad que se ha abierto con el nuevo Govern, después de que haya anunciado una reforma de la administración catalana, con primeras medidas como eliminar la cita obligatoria y simplificar sus páginas web de la Generalitat. “Queremos agradecerlo”, ha empezado el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, “lo que haremos es acompañar y velar para que se vayan cumpliendo los objetivos”. “Este acto no es contra nadie”, ha querido remarcar Biarnés. De hecho, formarán parte de la comisión de expertos que ha designado el ejecutivo socialista para reformar el sector público, que estará liderada por el catedrático Carles Ramió.
Con ese horizonte, los integrantes del foro, entre los que se encuentran la Cámara de Barcelona, la Cecot, el Colegio de Economistas de Catalunya, FemCat, Esade o la Mesa del Tercer Sector Social, concretan sus demandas en cuestiones como avanzar hacia una administración más ágil y reducir la aprobación de leyes frente a la “telaraña normativa” actual, evitando que la digitalización de los servicios replique los mismos problemas. “Se tarda dos años en conseguir una licencia de obras o en abrir un negocio. Es inadmisible”, ha alertado Santacreu. “Necesitamos una administración eficiente, no una que frene la competitividad de la economía. Somos partidarios de las normas, pero de las buenas: simples, aplicables y verificables”, ha agregaso el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, Narcís Armengol.
Para el decano del Colegio de Economistas de Catalunya, Carlos Puig de Travy, todo esto se tiene que conseguir sin un gran proceso disruptivo, sino a través de proyectos concretos y escalables. A lo que la directora general de FemCat, Muntsa Vilalta, pide confiar en el ciudadano, con la extensión de herramientas como la declaración responsable, probada con las bajas por la covid, con el objetivo de simplificar trámites, reducir costes y mantener el control. O evitar pedir documentos que la administración ya tiene, como, de hecho, se está poniendo el foco para resolverlo en la tramitación de ayudas por la DANA, teniendo en cuento que muchos de los solicitantes han perdido todos los documentos acreditativos cuando el agua inundó sus casas o coches.
Uno de los principales puntos negros que ven en la administración es la necesidad de profesionalizarla, en línea con la posición del Govern, que ha propuesto lanzar concursos públicos para determinadas posiciones directivas. “No es responsable ni tolerable que en Catalunya haya centenares de cargos y órganos ocupados por personas sin la adecuación profesional y competencial necesaria y que, demasiadas veces, solo tengan por credencial la pertenencia al partido político gobernante”, censuran. Según sus cálculos, medio millar de puestos públicos cambian con cada nuevo ejecutivo, entre los que se encuentran los directivos públicos, figura que piden que se vincule a los méritos y la experiencia.
Una de las voces del foro que abre el foco más allá de las habituales demandas empresariales es la Mesa del Tercer Sector Social, que advierte de los problemas y la emergencia que afrontan en diferentes campos, con un 25% de la población catalana en riesgo de pobreza. “Necesitamos una administración con capacidad de gestión, innovadora y coordinada. El actual sistema no es así”, ha señalado Xavier Trabado, poniendo como ejemplos la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), “no es una cuestión técnica, es la única vía posible para que avancemos hacia una prosperidad compartida”.
Principales reclamaciones del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración
- Una reducción radical de la burocracia
- La profesionalización de la dirección pública
- Reducir la telaraña normativa
- La evaluación de las políticas públicas
- Una gestión del empleo público adaptado al siglo XXI
- Buen gobierno, transparencia e integridad pública
- Una digitalización eficiente
- Mejorar la seguridad jurídica para garantizar la buena práctica de los empleados públicos
