La transparencia se ha vuelto un requisito clave para las empresas, independientemente de su tamaño. Desde el gobierno español se intenta por todos los medios que se acaben los pagos en negro, las manipulaciones de facturas y, en definitiva, cualquier papel a mano susceptible de ser modificado. Aquí, la tecnología juega un papel esencial, ya que gracias a los nuevos mecanismos —supuestamente— la automatización y modernización de los procesos tradicionales es más sencilla. Verifactu debía ser esto, una palanca de cambio fácil para mantener la transparencia de las empresas. Ahora bien, después de dos aplazamientos y un gran "silencio administrativo", en palabras del responsable del servicio de asesoramiento fiscal y financiero de Cecot, Enric Rius, su puesta en marcha continúa siendo todo un misterio e, incluso, una complicación añadida para algunas empresas.
Verifactu es el sistema de la Agencia Tributaria para garantizar que las facturas no se puedan manipular. Forma parte de la ley antifraude y del Reglamento de sistemas de facturación (Real decreto 1007/2023). Es básicamente un conjunto de procesos de envío de comprobantes de facturas que, primeramente, se han hecho a través de un software. No es una plataforma donde hacer las facturas, sino un conjunto de requisitos que debe cumplir el programa de facturación que utilizas. Cada factura genera un registro con un encadenamiento (hash) que impide alterarla o borrarla sin que quede rastro. "El comprobante que necesita Hacienda para garantizar la transparencia", resume Rius en una conversación con The New Barcelona Post. La puesta en marcha debe llegar el 1 de enero de 2027 para las empresas y el 1 de julio del mismo año para los autónomos. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno español no ha vuelto a mencionar la normativa y según el responsable del servicio de asesoramiento fiscal y financiero de Cecot, esta falta de comunicación por parte de la administración es "lo que hace dudar que se acabe de implementar".
No sería la primera vez que se aplaza este sistema, ya que la primera vez se paró su implementación obligatoria a petición de algunas pymes. Se tenía que poner en marcha en enero y julio de 2026 y se pidió un año más. Entre los que pusieron esta demanda estaba Pimec. La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori explica a este diario que la normativa todavía "tiene incongruencias" y "puede ser de difícil implementación por parte de los comercios". Es por eso que en su momento querían más tiempo para que todo el mundo pudiera llegar de la misma manera y sin sufrir: "Es un cambio lo suficientemente importante para no dejar a nadie atrás", remarca la presidenta de Pimec Comerç. Esta vez, Gregori reconoce que a tres meses de acabar el año todavía "no saben nada" y recuerda que también ha habido nuevos cambios en algunas normativas europeas, como el proyecto ViDa, una iniciativa también para modernizar y adaptar el sistema del IVA a la era digital y reducir el fraude fiscal, con el cual Verifactu "no acabaría de encajar".
Este silencio administrativo se ve diferente desde las dos patronales. Por un lado, Gregori teme que se acabe implementando el Verifactu dentro de los plazos y obligue a las pymes a hacer unas inversiones que "probablemente tendrán que rehacer en 2030 cuando se ponga en marcha el proyecto ViDa europeo". Es por eso que exige más información y remarca que las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer grandes inversiones por esta clase de cambios y, como mínimo, "necesitan que sean adecuados". Por otro lado, Rius relata que esta falta de comunicación gubernamental podría significar un nuevo aplazamiento, lo cual para el experto sería un error, porque "ya hay muchas empresas que se han gastado el dinero en las herramientas digitales necesarias". Una opinión que no comparte del todo Gregori quien concreta que, al menos en el sector del comercio, "no hay tanta gente preparada".
El comercio de proximidad preocupado
Si vamos a los estrellados de este nuevo proyecto, Verifactu no es más que un sistema de verificación de todos los movimientos empresariales. Puede parecer una herramienta simple para muchas empresas, por ejemplo Rius asegura que "no tiene un gran coste extra cuando ya tienes un software instalado", una situación que —repite— es muy común entre las empresas. Gregori, sin embargo, pone el foco en los comercios, especialmente aquel comercio de proximidad que todos tenemos en mente: pescaderías, zapaterías y otras "microempresas", como lo determina la presidenta de Pimec Comerç. Gregori alega que para estas compañías hacer cambios tecnológicos de este tamaño les supone "un esfuerzo muy grande". Además, recuerda que si "imponen algo que no es correcto" —haciendo referencia a las posibles incongruencias entre el proyecto ViDa y Verifactu— todavía se encuentran más bajo peligro. Aparte, explica que en el ámbito económico había unas ayudas que se habían puesto en marcha —con dinero de los fondos Next Generation— que en la práctica, "no han llegado nunca": "Hemos hablado con muchos comercios que no han tenido la opción de conseguir este dinero", dice la experta.
Por eso, la presidenta de Pimec Comerç pide tiempo, más formaciones y que se asegure la continuidad de estas empresas. De esta manera, destaca la necesidad de más congruencia en esta clase de normativas para no hacer ir a las empresas "de un lado a otro". Un punto que también comparte Rius, quien no habla de Europa, pero concreta que la entrada en vigor de la orden ministerial sobre la Factura Electrónica se pone en marcha este jueves 1 de octubre de 2027. Esta es otra de las herramientas gubernamentales para paliar el fraude y entraría en vigor el 1 de octubre de 2027, tan solo nueve meses después de la puesta en marcha del Verifactu. "Es cierto que he oído algunas quejas de gente que pide que se pueda juntar todo en una sola normativa", admite Rius, quien además añade que sería beneficioso para las empresas que la administración pública "unificara los criterios de Verifactu y la Factura Electrónica".
En definitiva, Verifactu entrará en vigor el 1 de enero de 2027 si no hay cambios. Las voces expertas discrepan sobre su puesta en marcha y un posible nuevo aplazamiento, pero en lo que coinciden es en la necesidad de una administración pública más comunicativa y coherente con algunas normativas. Mientras Rius considera que el aplazamiento es un nuevo obstáculo, ya que afirma que hasta que "no se implemente, la gente no se pondrá las pilas", Gregori ve una normativa demasiado restrictiva que no ofrece incentivos a los empresarios: "Deberíamos promover más políticas de bonificación, no prohibición", concluye la presidenta de Pimec Comerç.
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