Como cada año, el pasado 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, los datos volvieron a recordarnos una realidad que no deberíamos normalizar. En el área metropolitana de Barcelona, 660.000 personas, el 19,4% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza. Entre los niños menores de 16 años la proporción alcanza el 31,4%. Un 9,3% de la población sufre privación material y social severa y el 23,1% manifiesta dificultades para llegar a final de mes. Los mismos datos explican también algo importante: las prestaciones sociales reducen el riesgo de pobreza del 41,6% al 19,4%. Ahora bien, tal y como señaló la Mesa del Tercer Sector Social en su último Debate de Cataluña Social, el non take-up, las personas que tienen derecho y no acceden, sigue siendo una dificultad que nos interroga sobre la accesibilidad de estas ayudas.
Pero las cifras solo adquieren todo su significado cuando somos capaces de ver detrás de los números y conectamos con las vidas que contienen. Hablamos de familias que calculan qué pueden comprar antes de entrar en el supermercado, de personas que aplazan una visita al dentista, de niños cuyas oportunidades siguen demasiado vinculadas al hogar donde han nacido, de mujeres que acumulan trabajo remunerado y de cuidados, de personas que trabajan y, sin embargo, viven en una inseguridad permanente. Y hablamos, inevitablemente, de vivienda. En la metrópoli, la sobrecarga de los gastos de la vivienda afecta al 10,8% de la población, pero alcanza el 29,1% entre las personas que viven de alquiler.
La vivienda no es un gasto más dentro del presupuesto familiar. Es el lugar desde el que se organiza la vida. Cuando una parte desproporcionada de la renta se destina simplemente a garantizar un lugar donde vivir, se reduce el margen para afrontar el resto de necesidades y oportunidades que hacen posible una vida plena. Pero cuando la vivienda asequible se encuentra cada vez más lejos del trabajo, de la escuela, de la familia o de las redes comunitarias, la desigualdad residencial deja también otra factura: horas de trayecto, dificultades para cuidar, menos vida de barrio, o menos descanso, entre otros. La crisis de la vivienda es una crisis de renta, pero es también una crisis de seguridad, de vínculos y de tiempo.
“La crisis de la vivienda es una crisis de renta, pero es también una crisis de seguridad, de vínculos y de tiempo”
Este 17 de octubre hablamos de renta, de vivienda, de pobreza infantil, de precariedad laboral, de alimentación básica y de protección social. Pero hacer una lectura más amplia de la pobreza no significa desmaterializarla. Muy al contrario, significa tomar en serio todo lo que comporta la falta de recursos. Y es precisamente desde aquí que deberíamos incorporar una pregunta que todavía ocupa poco espacio en el debate público: ¿es suficiente saber cuánto tiene una persona para saber qué vida puede vivir? El índice AROPE nos permite ampliar esta mirada pero posiblemente no es suficiente, queremos ir más allá.
La pobreza de tiempo nos ayuda a formular esta pregunta. No significa simplemente tener mucho trabajo o vivir estresado. Hablamos de pobreza de tiempo cuando, después del trabajo remunerado, los cuidados, las tareas domésticas y las necesidades básicas, el tiempo del que una persona puede disponer libremente queda reducido a un mínimo. En Barcelona, el 32,3% de las mujeres se encuentra en esta situación, frente al 24,6% de los hombres. El 59,6% de las mujeres manifiesta sentir angustia de manera constante por no tener suficiente tiempo para hacer todas las tareas cotidianas, diez puntos por encima de los hombres. Y entre los 35 y los 54 años, cuando tienden a acumularse responsabilidades laborales y familiares, las mujeres dedican una media de 8,5 horas diarias a los cuidados, frente a las 6,2 de los hombres.
Estos datos no describen solo una desigual distribución de las tareas. Nos hablan de una desigual distribución de la capacidad de disponer de uno mismo.
Formalmente, pocas cosas parecen tan igualitarias como el tiempo. Todos tenemos veinticuatro horas al día. Pero socialmente estas horas no tienen el mismo valor ni están sometidas a las mismas obligaciones. Los recursos económicos permiten comprar proximidad, cuidados, ayuda, movilidad o servicios, permiten vivir más cerca del trabajo o absorber un imprevisto sin tener que reorganizar toda una semana. Cuando estos recursos no están, muchas necesidades que unos resuelven con dinero otros las pagan con horas de su vida, con estrés o con una sensación de frustración permanente.
“Muchas necesidades que unos resuelven con dinero otros las pagan con horas de su vida”
Por eso es importante entender también la pobreza de tiempo como un mecanismo a través del cual la desigualdad material se convierte en desigualdad vital.
Es evidente que la cuestión del tiempo no afecta exclusivamente a las personas en situación de pobreza. En un contexto acelerado y de imprevisibilidad constituye uno de los malestares de nuestra época pero, como en otras muchas situaciones, se agrava en situaciones de desigualdad.
Hartmut Rosa ha dedicado buena parte de su obra a explicar esta paradoja de la modernidad tardía. El desarrollo tecnológico nos ha permitido acelerar la comunicación, los desplazamientos y la producción, pero esta aceleración no se ha traducido necesariamente en una mayor disponibilidad de tiempo. Al contrario, el incremento de las posibilidades, las demandas y las expectativas genera una presión permanente para hacer más cosas en menos tiempo. La velocidad que debía permitirnos ganar tiempo acaba contribuyendo a la sensación de que nunca tenemos suficiente.
La pobreza de tiempo permite añadir una dimensión política decisiva a este diagnóstico: la aceleración puede ser una experiencia compartida, pero la capacidad de protegerse de ella está profundamente atravesada por la desigualdad. Los horarios fragmentados, los trabajos encadenados, la vivienda lejos del trabajo por una cuestión de ingresos; las condiciones de la precariedad abocan a una vida sin margen, una agenda llena pero sin capacidad de cambio. La prisa se convierte en una condición vital para sobrevivir.
Precariedad no es solo cobrar poco o tener un contrato inestable. Es no saber con suficiente antelación cuándo trabajarás la semana siguiente, no poder modificar un turno, depender de horas extras, dedicar una parte creciente del día a los desplazamientos o no disponer de nadie con quien compartir los cuidados. Es vivir sin colchón económico, pero también sin colchón temporal. Cualquier imprevisto, un niño enfermo, una visita médica, un retraso en el transporte, una persona mayor que necesita más atención, puede deshacer el frágil equilibrio sobre el que se sostiene toda la semana.
Esta falta de margen tiene consecuencias sobre el bienestar subjetivo. Los datos de Barcelona muestran la asociación entre pobreza de tiempo, angustia cotidiana y efectos negativos sobre la salud física y mental. No es solo cansancio. Cuando la existencia se organiza permanentemente alrededor de lo que es urgente, disminuye la capacidad de proyectar, de decidir e incluso de imaginar alternativas.
Ante los procesos de alienación vinculados a la aceleración Rosa propone la idea de resonancia: una relación con los demás, con el trabajo, con las cosas y con el mundo en que estos no aparecen simplemente como una sucesión de exigencias que debemos administrar, sino como algo con lo que podemos establecer una relación significativa y a la que podemos responder con voz propia. Pensada desde aquí, la pobreza de tiempo plantea una pregunta más profunda que la conciliación: ¿qué relación con el mundo puede construir una persona cuando casi toda su energía está dedicada a responder a las necesidades inmediatas?
“El tiempo es una de las condiciones invisibles de estas capacidades”
Este interrogante nos lleva al terreno de la justicia. Amartya Sen y Martha Nussbaum han contribuido decisivamente a desplazar el debate sobre la desigualdad desde la simple posesión de recursos hacia las capacidades efectivas de las personas. Lo que importa, desde esta perspectiva, no es únicamente de qué bienes o ingresos disponemos, sino qué posibilidades reales tenemos de hacer y de ser, de construir una vida que podamos considerar valiosa.
El tiempo es una de las condiciones invisibles de estas capacidades. Podemos reconocer formalmente el derecho a formarse, pero formarse necesita tiempo. Podemos reclamar más participación comunitaria, pero participar exige horas que no estén absorbidas por la subsistencia. Podemos hablar de crianza, de cultura, de promoción laboral, de vida saludable o de democracia, pero todas estas posibilidades presuponen un cierto grado de soberanía sobre el propio tiempo.
Y aquí Hannah Arendt introduce una dimensión todavía más política. Su distinción entre las actividades vinculadas a la necesidad de sostener la vida y el espacio de la acción, de la palabra y del mundo compartido nos permite ver aquello que está en juego cuando la necesidad acaba ocupando casi toda la existencia. Una sociedad democrática necesita una ciudadanía que pueda salir, al menos durante una parte de su tiempo, de la urgencia de la supervivencia. Necesita tiempo para encontrarse, hablar, asociarse, crear, cuidar los vínculos. Para participar social y políticamente.
Esta mirada es especialmente importante porque nos aleja de una concepción paternalista de la pobreza. No se trata solo de proteger a personas en situación de vulnerabilidad ni de garantizar unos mínimos para que puedan sostenerse. Se trata de generar las condiciones que permiten una vida autónoma. La cuestión de fondo no es solo cuántos recursos redistribuimos, sino cuánta libertad efectiva genera esta redistribución.
Es aquí donde Barcelona tiene una experiencia que vale la pena reivindicar, con un desarrollo de políticas del tiempo que ha permitido convertir en una cuestión pública algo que durante demasiado tiempo se había considerado como una cuestión estrictamente privada. La ciudad ha desarrollado políticas del tiempo, estudia los usos del tiempo de manera periódica y ha incorporado esta perspectiva a políticas vinculadas con los cuidados, la conciliación y la lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad. La reducción de la carga de trabajo no remunerado, el apoyo a los cuidados y la sensibilización sobre los usos del tiempo son aspectos esenciales de sus políticas. El análisis se realiza de forma periódica incorporando su impacto sobre los usos del tiempo. De hecho, este mismo mes de octubre, se ha celebrado la decimotercera edición de la Time Use Week, un evento internacional que promueve el conocimiento, el debate y el intercambio de buenas prácticas en políticas del tiempo entre ciudadanía, profesionales y cargos electos de administraciones públicas, empresas y organizaciones, personas investigadoras, entidades sociales y público internacional. Justamente este año el lema es Aceleración social y derecho al tiempo: políticas para el bienestar sostenible.
“Una guardería pública, un servicio de cuidado o un transporte público eficiente redistribuyen tiempo”
Situar este tema en nuestra agenda, ciudadana y política, significa justamente eso. Compartir la reflexión de manera amplia y no convertir las políticas del tiempo en un nuevo sector especializado de la administración. La gran potencia de la mirada temporal es que obliga a repensar el conjunto de la política urbana desde la experiencia concreta de la vida cotidiana, de manera integrada y también transversal.
Una guardería pública, un servicio de cuidado o un transporte público eficiente redistribuyen tiempo. Y también lo hace la desburocratización y la simplificación administrativa. La administración local, desde la proximidad, tiene un papel clave en el desarrollo de estas actuaciones, y también retos, especialmente en el ámbito de la vivienda. Vivir cerca del trabajo, de la escuela, de las redes familiares y de los vínculos comunitarios también es una política del tiempo.
Y a la inversa, cuando el aumento del precio de la vivienda expulsa a una familia del barrio y añade una hora de desplazamiento a cada jornada, la desigualdad residencial adquiere también una dimensión temporal. Cuando un servicio solo es accesible después de una sucesión de trámites o de trayectos, su coste no es solo económico. Y este coste tampoco se distribuye de manera igualitaria.
Por eso Barcelona puede hacer una aportación relevante al debate sobre la pobreza y la desigualdad. La tradición de una ciudad compacta, de barrios, con servicios, comercio, equipamientos y vida comunitaria de proximidad contiene una intuición política de primera magnitud: la proximidad es también redistribución del tiempo.
Defender esta ciudad ante la segregación urbana, la crisis de la vivienda o la mercantilización de los cuidados no es únicamente una determinada opción urbanística. Es defender que el lugar donde vivimos no determine de manera tan desigual el tiempo que nos queda por vivir. En este sentido, el derecho a la ciudad es también el derecho al tiempo.
“La proximidad es también redistribución del tiempo”
Hablar de pobreza de tiempo no significa, por lo tanto, diluir la pobreza material en una idea genérica de malestar contemporáneo. La pobreza sigue siendo brutalmente concreta: es no poder pagar el alquiler, tener que reducir el gasto alimentario, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar un imprevisto. En Cataluña, el 24,8% de la población se encontraba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, el 18,9% estaba en riesgo de pobreza y el 8,9% sufría privación material y social severa.
La cuestión es otra. Si nos tomamos en serio la pobreza material, debemos tomarnos en serio todas las formas en que condiciona una vida y entender que la pobreza no solo reduce aquello que podemos comprar. También condiciona nuestras posibilidades de elección y de proyección hacia el futuro en la medida en que debemos dedicar una cantidad enorme de tiempo y energía a sostener y sostenernos en el presente. La pobreza de tiempo nos ayuda a ver este territorio donde la desigualdad económica se convierte en desigualdad de vida.
Por eso quizás debemos definir el objetivo de una política contra la pobreza de manera más ambiciosa. La protección social debe aspirar justamente a ampliar sus posibilidades reales de existencia, de promoción social y cultural, de autonomía. Poder tener una vivienda sin vivir solo para pagarla. Poder trabajar sin entregar al trabajo y a los desplazamientos la práctica totalidad del día. Poder cuidar sin desaparecer dentro del cuidado. Poder descansar, formarse, participar, establecer vínculos, disfrutar de la ciudad e imaginar un futuro diferente.
Esto exige renta, vivienda, empleo digno y protección social. Pero exige también cuidados, proximidad, comunidad y tiempo.
Quizás esta es una de las nuevas fronteras de la lucha contra la desigualdad. Hemos aprendido a preguntarnos cómo se distribuye la renta y, progresivamente, cómo se distribuyen los cuidados. Ha llegado el momento de preguntarnos también cómo se distribuye el tiempo y quién tiene realmente la capacidad de decidir sobre él.
Barcelona ha empezado a hacer visible esta desigualdad, a medirla y a construir políticas a su alrededor. El reto es llevar esta intuición hasta las últimas consecuencias y entender que una ciudad que redistribuye tiempo está redistribuyendo algo más profundo que horas: está redistribuyendo autonomía, bienestar y capacidad de participar en la vida comunitaria.
Porque quizás la desigualdad más radical no consiste únicamente en tener menos. Consiste en disponer menos de la propia vida. Y una política contra la pobreza que quiera estar a la altura de nuestro tiempo debería aspirar, precisamente, a devolver a las personas esta posibilidad.
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