Hay otras Maricármenes que han tenido más suerte. Personas mayores que han podido quedarse en su casa porque alguien, al otro lado de un contrato, entendió que recuperar una vivienda no justificaba cualquier decisión. También existe ese «otro» inmobiliario: propietarios y profesionales que trabajan, buscan una rentabilidad y saben que tienen una responsabilidad con las personas. Sus historias rara vez llegan a los titulares. Yo viví una de ellas.
Hace unos años me tocó acudir al desahucio de una vivienda cuya sociedad propietaria representaba como apoderado. No sabía muy bien qué iba a encontrarme. El abogado que llevaba el procedimiento me recibió satisfecho: había conseguido que el juez dictara a favor del desahucio de un señor de más de ochenta años. Mi respuesta fue inmediata: “ni hablar”. Aquello no encajaba en mi manera de entender la vida ni en mi manera de ejercer la profesión.
Entonces conocí un detalle fundamental. El inquilino apenas estaba en casa porque trabajaba de nueve de la mañana a nueve de la noche en un quiosco de la calle Diputació de Barcelona. Su ausencia había llevado al juez a deducir que ya no vivía en aquella vivienda. Pero aquel hombre seguía teniendo allí su hogar.
La semana siguiente fui a verlo. Quería disculparme por el mal trago que le habíamos hecho pasar y decirle que estuviera tranquilo: su arrendamiento seguía vigente y podía continuar en su casa.
No fue una decisión que necesitara meditar. Se la comuniqué a mi socio y, para mí, fue lo normal. Tampoco cuento esta historia para atribuirme ningún mérito. La cuento porque quienes trabajamos en el sector inmobiliario tomamos decisiones que afectan a la vida de otras personas. Y esa responsabilidad no termina donde acaba una obligación contractual.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para recuperar una vivienda?
Mari Carmen ha fallecido. Ese hecho hace todavía más dolorosa la pregunta que su caso nos plantea: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para recuperar una vivienda? Incluso cuando existe una vía legal para hacerlo, debemos valorar qué consecuencias tendrá sobre una persona mayor, vulnerable y sin una alternativa real. A mi juicio, una actuación puede tener cobertura legal y ser, al mismo tiempo, moralmente indecente.
La moral tiene menos instrumentos para hacerse cumplir que la ley, pero no por ello importa menos. El problema aparece cuando solo la invocamos según nos conviene: para juzgar al adversario, defender nuestros intereses o alimentar una polémica.
Mientras tanto, hay muchas otras personas que viven con el miedo a perder su hogar. Y jóvenes que no pueden emanciparse, familias que apenas llegan a pagar el alquiler y trabajadores a quienes los precios han expulsado de los barrios donde transcurre su vida. Sus dificultades exigen algo más que indignación pública.
Una actuación puede tener cobertura legal y ser, al mismo tiempo, moralmente indecente.
También exigen que políticos, medios y profesionales dejemos de utilizar cada caso como munición. La exageración y la polarización pueden dar réditos inmediatos, pero hacen más difícil alcanzar acuerdos sobre un asunto esencial: cómo conseguir que haya más viviendas disponibles a precios que la población pueda pagar.
Creo que una parte fundamental de la respuesta pasa por la cooperación entre las administraciones y el sector privado. Necesitamos impulsar vivienda social y protegida, movilizar suelo y facilitar concursos de suelo público que permitan a promotores privados participar en su construcción con condiciones claras y garantías de acceso asequible.
También debemos hablar con realismo de los costes. Si queremos que se construya vivienda protegida en las zonas donde más falta hace, sus precios máximos deben permitir proyectos viables. Revisar los módulos allí donde el suelo y la construcción resultan más caros puede contribuir a ello, siempre preservando la finalidad social de esas viviendas.
Las administraciones tienen una responsabilidad insustituible, pero la magnitud del problema requiere sumar capacidades. Los promotores y los propietarios pueden ser aliados. Demonizar a todo el sector privado dificulta esa colaboración. Y el propio sector debe entender que la confianza se gana con hechos, también cuando toca renunciar a una decisión económicamente conveniente por sus consecuencias humanas.
Demonizar a todo el sector privado dificulta esa colaboración.
En esa misma dirección, considero necesario incentivar fiscalmente a los propietarios, tanto particulares como empresas, para que destinen sus viviendas al alquiler residencial estable. Y mejorar el transporte público, especialmente en Catalunya: ampliar las posibilidades de vivir fuera de los centros más caros requiere conexiones fiables con el trabajo, los estudios y los servicios.
Nada de esto resolverá mañana las dificultades de quienes hoy no pueden pagar un alquiler. Por eso también hacen falta medidas urgentes que alivien la situación, protejan a las personas vulnerables y permitan ganar tiempo mientras llegan soluciones duraderas. Es necesario tender la mano a los menos favorecidos y que, con toda la razón, están sublevados y de protesta. Habrá que valorar cada medida por sus resultados y corregirla cuando sea necesario. La urgencia merece respuestas, y las respuestas necesitan que todas las partes pongan de su parte, ademas de continuidad.
Es necesario tender la mano a los menos favorecidos y que, con toda la razón, están sublevados y de protesta.
Aquel hombre de la calle Diputació pudo quedarse en su casa. Mari Carmen no tuvo esa suerte. Entre ambas historias hay decisiones concretas, tomadas por personas concretas, sobre las que el sector también debe reflexionar. Las otras Maricármenes existen, y el «otro» inmobiliario también. Nuestra responsabilidad es conseguir que conservar un hogar deje de ser una cuestión de suerte.
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