Dirección pública profesional: el elemento clave de la reforma de la Administración

Es bien sabido que Catalunya, como el resto de Europa, tiene la necesidad urgente de avanzar en la reforma de la Administración pública. Hace tiempo que entidades de diferentes ámbitos y sectores reclamamos una administración más moderna, competitiva, eficaz, eficiente y transparente que acompañe a las empresas y a la sociedad en general en este momento de cambios acelerados.

En los últimos años, las empresas y las organizaciones estamos haciendo grandes esfuerzos para transformarnos y adaptarnos a un mundo cambiante e imprevisible. La Administración, no solo no puede estar exenta de esta transformación, sino que tiene el deber de acompañarla, velar por la competitividad del país, y a la vez debe garantizar con eficacia la prestación de los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. Porque “no puede haber un buen país sin una buena Administración

Cuando hablamos de reforma nos referimos a la simplificación administrativa, la reducción de la carga burocrática, la reducción de la complejidad normativa o la facilitación de la actividad económica, entre otras cuestiones. Pero esta receta modernizadora requiere un elemento capital: el factor humano y, concretamente, la profesionalización de la dirección pública.

Desde hace años, las entidades que integramos el Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA) trabajamos para consolidar un marco institucional y un compromiso público y privado que permitan desplegar la agenda renovadora. En este sentido, celebramos que el Gobierno de la Generalitat haya presentado recientemente el Proyecto de Ley de la Dirección Pública Profesional y de su sector público institucional, al que ahora querría referirme.

Los mejores profesionales para aquello que es de todos

Creo que es de amplio consenso afirmar que las personas son el principal activo de cualquier empresa u organización. Por eso, todos nos esforzamos por atraer e incorporar el mejor talento. Y cada vez más.

Ahora bien, ¿por qué cuando se trata de la Administración, que podríamos considerar “la organización de todos”, no siempre somos igualmente exigentes? ¿Por qué aceptamos nombramientos y contrataciones sobre la base de criterios ajenos al mérito y sin suficientes garantías de capacidad y experiencia para asumir determinadas responsabilidades? Hay que avanzar, pues, hacia un modelo de dirección orientado a la excelencia y capaz de atraer los perfiles más adecuados para gestionar aquello que es común.

A la vez, también conviene aclarar un error que a menudo cometemos desde el ámbito privado cuando opinamos sobre la gestión pública. Se nos recuerda a menudo una afirmación tan simple como pertinente: "gestionar la administración no es como gestionar una empresa". Es cierto, y hay que tenerlo presente para evitar recetas aparentemente atractivas que, en la práctica, pueden resultar equivocadas o inaplicables. También ayuda a entender la frustración inicial que experimentan algunos buenos profesionales cuando asumen responsabilidades dentro de la Administración. Como en cualquier otra profesión, hay que conocer sus particularidades y, naturalmente, las propias de cada ámbito de actuación. Solo así se evita una situación demasiado habitual: que algunos directivos públicos empiecen realmente a dominar sus funciones en las postrimerías de la legislatura. 

Ahora bien, reconocer estas diferencias no implica renunciar a aprender de las mejores prácticas del ámbito privado ni a reclamar la máxima profesionalidad y capacidad en la gestión de lo público. 

Qué plantea el proyecto de Ley

Tal y como señala la exposición de motivos de la Ley, quiere avanzar hacia un modelo que permita designar a las personas que ejercen las funciones directivas mediante criterios de mérito, capacidad e idoneidad, y con unos requisitos mínimos curriculares y de titulación. También prevé fortalecer la rendición de cuentas, establecer una cultura de evaluación continua y fomentar su autonomía.

Otro elemento relevante es la voluntad de desvincular los nombramientos de los ciclos políticos, mediante nombramientos o contrataciones de siete años, prorrogables y sujetos a evaluación, así como la posibilidad de establecer fórmulas de retribución fija y hasta un 15 % de retribución variable vinculada al logro de objetivos y resultados.

"La reforma quiere avanzar hacia un modelo que permita designar a las personas que ejercen las funciones directivas mediante criterios de mérito, capacidad e idoneidad"

Todo esto se aplicaría en diferentes grados según las tres categorías dentro del perímetro de la dirección pública profesional: los cargos de dirección gerencial; los cargos de dirección operativa (ocupados por personas funcionarias); y los cargos directivos del sector público institucional.

A partir de aquí, habrá que ver cómo se desplegaría reglamentariamente y cuál sería la letra pequeña que debe hacer posible el cumplimiento del espíritu de la Ley, y, sobre todo, habrá que seguir la evolución del articulado durante las negociaciones en su trámite parlamentario. 

En este sentido, sería bueno poner el foco en los aspectos más de detalle referidos a la selección, evaluación y renovación de estos cargos, como también sobre el nombramiento y funcionamiento de los órganos independientes de calificación encargados de la selección de estos directivos. Igualmente, convendrá revisar las excepciones que prevé el proyecto y delimitar con claridad qué cargos quedarán sujetos a ellas.

Una responsabilidad política y de país

Desde la Cecot celebramos que se avance en un elemento clave para transformar la Administración. Y de ahí que invitemos a los grupos parlamentarios a debatir a fondo, pero con generosidad, sentido de país y visión a largo plazo. Catalunya no se puede permitir que la dirección pública recaiga a menudo en personas sin la experiencia y/o capacidad necesarias y que puedan ser designadas de manera arbitraria o por afinidad política.

"Nos jugamos una Administración más preparada y orientada a resultados y, en definitiva, la capacidad del país de responder mejor a los retos colectivos"

La aprobación, en calidad, de esta Ley es indispensable. La responsabilidad del Parlament es mejorarla y dotarla de las garantías necesarias para que la dirección pública profesional se convierta en una verdadera palanca de transformación. Nos jugamos una Administración más preparada y orientada a resultados y, en definitiva, la capacidad del país de responder mejor a los retos colectivos.