Hace unos días, el Círculo de Economía presentaba un informe titulado La hora de la Barcelona metropolitana en el que volvía a poner en primer plano el debate sobre cómo debería organizarse (y gobernarse) este territorio de tan difícil delimitación como es el de la ciudad real que tiene como núcleo principal el municipio de Barcelona y que reúne alrededor de cinco millones de habitantes.
El documento propone varias soluciones para mejorar la gobernanza metropolitana de Barcelona, centrándose en el fortalecimiento de las estructuras administrativas y la mejora de la coordinación entre los diferentes municipios y niveles de gobierno. Una de las principales propuestas es la ampliación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para incluir más municipios (de los 36 actuales a un centenar largo), lo que permitiría una mayor cobertura territorial y la integración de más recursos y competencias. Esta ampliación reforzaría la capacidad de gestión en ámbitos clave como la vivienda, la movilidad y la sostenibilidad, que son temas inherentemente metropolitanos y requieren una visión unificada para ser gestionados de manera eficiente.
El AMB, creada por ley del Parlament de Catalunya en el año 2010, es una institución que todavía no ha desarrollado todo el potencial que le otorga la norma y, a pesar de que sus límites administrativos pueden ser ciertamente discutibles en la actualidad, una ampliación del número de municipios sin la realización de otros cambios sustanciales (desde el modelo de financiación al peso político de su presidencia, pasando por la reorganización del mapa administrativo catalán) parece poco operativa. Además, en caso de realizarse, la entidad resultante entraría en clara competencia con el Govern, un asunto políticamente difícil de resolver.
Otra posible solución que destaca el informe es la creación de una veguería metropolitana que comprenda toda la región metropolitana de Barcelona. Esta estructura permitiría una mejor coordinación entre los municipios y la descentralización de las funciones de la Generalitat, asegurando una mejor administración de los servicios públicos a una escala adecuada. La veguería también facilitaría la implementación de políticas metropolitanas en sectores como la promoción económica, la vivienda y la reducción de las desigualdades sociales, a la vez que evitaría la duplicidad de competencias con otras instituciones, como la Diputación de Barcelona.
En este caso, la veguería es un nivel administrativo que ya se contempla en el Estatuto de Catalunya de 2006, pero que como es sabido topó en su momento con los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, dado que deberían comportar la supresión, o al menos una modificación sustancial de las provincias, “protegidas” por la Carta Magna española.
Eso no impidió la creación de la veguería del Penedès en el año 2017 y una cierta reconfiguración del aparato administrativo de la Generalitat siguiendo la división territorial en ocho veguerías, pero la búsqueda de una salida al estancamiento actual no ha formado parte de las prioridades de los sucesivos gobiernos catalanes. En todo caso, esta debería ser la vía natural de reanudación de los debates al respecto y de donde debería salir una solución lo máximo consensuada posible.
La veguería también facilitaría la implementación de políticas metropolitanas en sectores como la promoción económica, la vivienda y la reducción de las desigualdades sociales
Más allá de la fórmula, lo que es más importante es el fondo de lo que se quiere conseguir, y aquí el documento es claro, preciso (y muy acertado, según mi punto de vista): la simplificación administrativa y la transparencia en la toma de decisiones. Adoptar un enfoque flexible y solidario, donde los municipios más ricos compartan recursos con los más desfavorecidos, y se fomente la cooperación intermunicipal para abordar retos comunes.
El reforzamiento de la gobernanza metropolitana, en definitiva, requiere la colaboración de todos los actores implicados y la adopción de medidas ambiciosas y generosas, para que la región pueda competir a nivel internacional y corregir las desigualdades sociales existentes.
La publicación de este informe ha tenido también algunos efectos colaterales, como —paradójicamente— remover el incipiente proceso de configuración de instituciones metropolitanas en Tarragona.
El desarrollo del área metropolitana de Tarragona ha avanzado en los últimos meses con la creación de consorcios e iniciativas regionales para mejorar la coordinación entre municipios. Uno de los pasos más importantes ha sido el impulso del Plan Director Urbanístico del Camp de Tarragona, que busca integrar políticas de movilidad, sostenibilidad y desarrollo económico. También se han llevado a cabo esfuerzos para mejorar infraestructuras y fomentar el turismo y la industria en la región, aunque todavía hay retos para consolidar una gobernanza metropolitana similar a la de Barcelona.
El principal objeto de controversia ha sido el encaje del Penedès en todo ello y, en particular, el de la comarca del Baix Penedès, que en algunas ocasiones se presenta como una “tierra de nadie”, atrapada entre Barcelona y Tarragona, sin recibir inversiones ni atención suficiente por parte de la Generalitat ni de ninguna de las dos ciudades.
La mención a esta comarca, que también se incluyó en el proceso de elaboración del Compromiso Metropolitano 2030 al formar parte de la veguería del Penedès, en el informe del Círculo de Economía ha llevado a la pregunta de si también debería formar parte de una hipotética AMB ampliada.
Ante esta eventual perspectiva, varios alcaldes se han manifestado expresando sus opiniones e inquietudes: mientras el alcalde de El Vendrell defiende la integración de la comarca en la región metropolitana de Barcelona para obtener más recursos, otros líderes comarcales temen que sólo se vea el Baix Penedès como zona periférica eminentemente residencial para las personas que se ven expulsadas por los costes de la vivienda en las zonas más próximas al centro del AMB.
Todo ello es un debate, el metropolitano, en el que como ya hemos señalado otras veces, Barcelona se encuentra muy sola, ahora no tanto en el contexto catalán, pero sí en el español, por su condición de única área metropolitana formalmente constituida hasta el momento en todo el estado.
Barcelona se encuentra muy sola: es la única área metropolitana formalmente constituida hasta el momento en España
Últimamente, sin embargo, algunos movimientos empiezan a percibirse. La elaboración en más de un centenar de municipios de planes de acción locales de la Agenda Urbana Española, propiciados y financiados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha desvelado la incongruencia que representa, especialmente en las grandes ciudades, que municipios limítrofes definan sus estrategias de futuro sin una mínima coordinación.
En este sentido, se han dado ya unos primeros pasos para que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con la experiencia de tres planes estratégicos metropolitanos elaborados (aprobados en los años 2004, 2010 y 2023) pueda contribuir a la definición de unos nuevos planes de acción, esta vez metropolitanos, que supongan una nueva manera de enfrentar los retos urbanos para las principales ciudades españolas.
Y tenemos el caso significativo de Madrid. La capital y ciudad más poblada del estado ha estado hasta ahora bastante ausente de los debates sobre la gobernanza urbana. Muchas veces se menciona el papel que desempeña el gobierno de la Comunidad como gobierno metropolitano de facto, aunque preguntando a representantes de municipios de la zona sur, la impresión parece ser otra muy distinta.
Ha sido la reciente publicación de un libro, Madrid DF, del arquitecto Fernando Caballero, el que ha abierto una puerta a un cierto debate sobre la cuestión a partir de su propuesta más llamativa: que Madrid se convierta en una gran metrópoli de 10 millones de habitantes.
Hablaremos en otro momento de este libro, sus propuestas y sus posibles implicaciones, pero hay que tener en cuenta que si algo se empieza a mover en Madrid en este sentido y este debate cala, habrá que esperar que pronto se formulen también posicionamientos en otras grandes ciudades.
Sea como fuere, desde el PEMB seguimos trabajando para mantener este debate vigente y para reconocer las iniciativas y los proyectos que contribuyen a fortalecer este espacio real, el metropolitano, el de las relaciones cotidianas de cinco millones de personas. El próximo viernes 18 de octubre lo haremos de manera pública en nuestro acto anual en Granollers y con la entrega de los galardones de la segunda edición de los premios Compromiso Metropolitano 2030.