Vivimos en democracia y esto significa que disfrutamos de sistemas de participación que nos permiten elegir quien nos ha de representar y gobernar, pero que también pueden servir para preguntarnos qué pensamos sobre la celebración de unos Juegos Olímpicos de Invierno. No queda demasiado claro cuál es el criterio por el cual sí se nos pregunta sobre una competición deportiva pero no sobre la ampliación de un aeropuerto, pero lo que sí queda claro es que cuando nos invitan a votar de una manera seria sólo lo podemos hacer allí donde estemos empadronados. El derecho a votar se vincula al lugar de residencia, cosa que implica que tu opinión sólo importa si está relacionada con el lugar donde vives.
Por eso yo no podré votar sobre unos posibles juegos de invierno, porque no vivo en el Alt Pirineu ni en el Aran, como tampoco hubiese podido votar sobre el aeropuerto porque no vivo en el Prat de Llobregat, o sobre el tranvía de la Diagonal porque no vivo en Barcelona. Mis derechos a voto no pueden estar limitados por lugar de residencia porque aquello que define mi identidad son mis intereses y mis compromisos. Quizá no vivo en Barcelona pero yo soy de Barcelona, y de un montón de sitios más.
Nací en Girona y me crie en Figueres, hijo de un padre de Maçanet de la Selva y una madre de Tordera que acabaron yendo a Siurana d’Empordà. Mientras estudiaba compartí piso en Cerdanyola del Vallès, me enamoré de una chica nacida en Terriente, un pueblo de Teruel, con quien hace tiempo que vivimos en Sabadell y fundé una empresa que tiene la sede en Sant Cugat del Vallès pero también ha abierto oficinas en Bogotá, Lima o Madrid. Participo de diferentes entidades sociales y culturales que tienen la sede en Barcelona y me muevo casi a diario por sus calles. Nunca he vivido en Barcelona, pero soy de Barcelona.
La carta de ciudadanía no debería estar vinculada tanto al lugar de residencia sino al grado de compromiso, y lo que deberíamos acreditar no es un domicilio sino una actividad. Si acredito ser usuario habitual de las propuestas culturales de Barcelona debería poder participar cuando se hicieran consultas al respecto. Si acredito que voy a menudo por trabajo a determinada calle de Barcelona debería poder opinar sobre el tranvía. Si acredito que estoy dando empleo a 50 personas en un edificio de oficinas de Sant Cugat debería poder opinar sobre los accesos en transporte público de esa zona. Hay ciertas actividades que deberían dar acceso a ciertos derechos de participación, con independencia del lugar de residencia. Ahora mismo tengo todos los derechos de ciudadanía en Sabadell, pero ninguno en Girona, Barcelona o Sant Cugat, por poner tres ejemplos con los que me siento muy implicado por diferentes razones.
La carta de ciudadanía no debería estar vinculada tanto al lugar de residencia sino al grado de compromiso, y lo que deberíamos acreditar no es un domicilio sino una actividad
Ya no estamos en el siglo XVIII y con la tecnología actual es perfectamente posible y razonable gestionar mis derechos de una manera desagregada y mejor, en vez de concentrarlos todos alrededor de una idea tan concreta como el domicilio. Una ciudad no es sólo un sistema político sino también una plataforma de servicios, de espacios relacionales y de actividad económica y cultural. Es razonable que yo no pueda elegir quién debe ocupar la alcaldía de Barcelona, pero no es normal que no pueda participar en las decisiones que afectan a su política cultural. Es normal que no pueda opinar sobre el sistema de recogida de basuras de Sant Cugat, pero es extraño que no pueda intervenir en los planes de movilidad allí donde provoco desplazamientos diarios de trabajadores. Hay cosas de Barcelona que se deberían decidir teniendo en cuenta la opinión de los que viven en Figueres.
Con la tecnología actual Netflix, Google, CaixaBank o Telefónica son perfectamente capaces de gestionar y adaptar sus servicios de una manera extremadamente personalizada para cada uno de nosotros, y en este contexto cada vez cuesta más de entender porqué la administración aún nos gestiona con criterios agregados y masivos. Estamos en el siglo XXI: el concepto de identidad ciudadana, y los derechos y deberes que de él se derivan, piden una puesta al día.
