Este podría ser uno más de los muchos artículos de opinión sobre la vivienda. Cada día se publican análisis y reflexiones, y puede parecer que ya está todo dicho. Aun así, hay un elemento que a menudo se obvia: los tiempos. Una de las grandes disfunciones del mercado de la vivienda es precisamente esta —que las inercias son largas y los resultados, lentos---. Cuando constatas que tienes un problema grave, ya llegas tarde. Y cuando propones soluciones de gran alcance, hay que tener claro que los efectos no serán visibles hasta de aquí muchos años. Como se ha apuntado a menudo, el precio de la vivienda de hoy es el resultado de veinte años sin política de vivienda. Y la palabra “precio” hay que entenderla desde todas las dimensio, tanto la económica como la social.
Probablemente, hoy hay más consenso y se han puesto en marcha políticas que darán frutos a medio y largo plazo. No es el objeto de este artículo analizarlas, pero sí remarcar que una política de vivienda no puede funcionar aisladamente: necesita un modelo de transporte, un modelo económico, un modelo territorial. En definitiva, un modelo de país. Sin esto, cualquier estrategia quedará coja.
El reto, sin embargo, es el corto plazo. El problema es la actualidad, y cada día es más profundo. Ante esta problemática, se ha optado por intervenir el mercado con un conjunto de medidas en vigor desde hace poco más de un año. En este tiempo, no solo se han ampliado, sino que también hemos cambiado el lenguaje y las intenciones: hemos pasado de regular a prohibir. Y esto merece una pausa para reflexionar.
¿Estamos seguros de que añadir regulación sobre regulación y prohibición sobre prohibición nos acercará a los objetivos que perseguimos? A menudo parece más una reacción a la impotencia —o un cálculo político— que no el resultado de un análisis coherente.
¿Tenemos realmente una visión compartida de que quiere decir “el problema de la vivienda”? Nos haría falta un objetivo medible y, por lo tanto, evaluable. Antes de añadir nuevas medidas, quizás habría que revisar las existentes y modificarlas (que no quiere decir derogarlas) si no dan los resultados esperados. Resulta curioso ver cómo se hacen lecturas políticas positivas de las medidas actuales y, a la vez, se promueven muchas más, toda una contradicción.
Entrar en el terreno de las prohibiciones es peligroso, sobre todo cuando se acompaña de conceptos imprecisos como “la especulación”. A corto plazo, a cualquier inversor —grande o pequeño— que apueste por la vivienda de alquiler a largo plazo en un mercado regulado se le tendría que recibir con una alfombra roja. La administración tendría que ver un socio estratégico para los próximos 5 o 10 años. Pero, como que se ha asimilado el término inversor al de especulador, acabamos defendiendo que hay que prohibir que compren.
La vivienda no necesita más gesticulación, sino dirección, coherencia y capacidad de aprender de lo que no funcionaEn este escenario, me atrevería a decir que el acceso a la vivienda de aquí a doce meses será todavía peor. Y cuando llegue este momento, quizás alguien propondrá —por coherencia con la dinámica actual— prohibir las separaciones o abolir la ley del divorcio. Al final, las rupturas familiares son uno de los factores que más reducen la oferta de vivienda disponible: de un hogar pasamos a dos, a menudo muy cerca la una de la otra. Es un ejemplo absurdo, pero sirve para mostrar hasta qué punto se está legislando sin una visión global ni un análisis profundo.
Mientras no tengamos objetivos claros, consensuados, medibles y evaluables, continuaremos improvisando. Hoy, con medidas fiscales y reguladoras; mañana, con prohibiciones. Y así, a base de querer “hacer algo”, corremos el riesgo de crear más ruido que soluciones. La vivienda no necesita más gesticulación, sino dirección, coherencia y capacidad de aprender de lo que no funciona.
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