Hace un par de años, Nueva York decidió poner freno en los pisos turísticos. Se introdujeron nuevas regulaciones estrictas, limitando estancias cortas en viviendas particulares. La medida fue aplaudida como una gran victoria para la vivienda asequible. Pero finalmente, lo que tenía que ser un triunfo se ha ido convirtiendo en un lío monumental.
Resultado? Miles de pequeños propietarios ahogados, una oferta turística monopolizada por los hoteles, caída de ingresos municipales, y lo más irónico de todo: ningún impacto significativo en el precio del alquiler. Ahora, incluso concejales y comunidades de vecinos están pidiendo reformas urgentes. Algunos ya hablan, literalmente, de dar marcha atrás.
Por eso sorprende ver cómo Barcelona parece decidida a repetir el error. Aprovechando el Decreto Ley 3/2023, que fija la extinción automática de todas las licencias de pisos turísticos legales en noviembre de 2028, el Ayuntamiento ya ha anunciado que las dejará caducar todas. Ni una rendija, ni una excepción.
Parece todo legal, sí. Pero, ¿es justo? ¿Es útil? ¿Se lo puede permitir, Barcelona?
Los argumentos que se usan para justificar esta cruzada son ya conocidos: que los pisos turísticos hacen subir el precio del alquiler, que expulsan vecinos, que no tienen cabida en edificios residenciales. Pero los datos desmienten este relato.
Las viviendas de uso turístico (HUTs) solo representan aproximadamente el 1% del parque de vivienda de Barcelona, con unas 10.000 unidades registradas. En cambio, la ciudad cuenta con más de 157.000 plazas hoteleras, muchas de las cuales ocupan edificios que también podrían destinarse a vivienda habitual. Desde que se decretó la suspensión de nuevas licencias de HUT en 2014, el número de HUTs se ha mantenido estable, según el Ayuntamiento de Barcelona, y, según el INE, se ha reducido en la mitad.
A pesar de esto, durante este mismo periodo, el precio del alquiler en la ciudad ha aumentado un 60%, según datos del propio Ayuntamiento. Es difícil, pues, sostener que los HUTs sean los responsables del encarecimiento del alquiler. Incluso Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, reconoció en una entrevista que eliminar los pisos turísticos no hará bajar los precios.
Con un problema tan complejo como el de la vivienda, es tentador construir un relato épico contra un enemigo fácilSin embargo, el alcalde Collboni afirma que el uso turístico en edificios residenciales “no es natural”. Curioso, teniendo en cuenta que en estos siempre han convivido despachos de arquitectos, de abogados, consultas médicas, y ---oh, sorpresa--- entidades del mismo Ayuntamiento. De hecho, se calcula que hay 30.000 viviendas en Barcelona dedicadas a actividades profesionales, el triple que los pisos turísticos.
Vista la falta de evidencia, hay que preguntarse: ¿qué interés real hay detrás de esta obsesión con los HUTs? Aquí va una hipótesis: con un problema tan complejo como el de la vivienda, es tentador construir un relato épico contra un enemigo fácil, especialmente si este relato se ha alimentado desde las administraciones para tapar la falta de acción en la construcción de vivienda pública. Y si, además, esto favorece ciertos gremios que ven eliminada parte de su competencia, la sospecha deja de ser solo una teoría para empezar a oler a realidad. La opinión pública es volátil: a menudo solo le hace falta una buena excusa para señalar al político de turno como responsable de todos los males. Si esta empieza a intuir que el discurso oficial contra los pisos turísticos sirve también para proteger determinados intereses, los mismos que lo han impulsado podrían acabar pagando el precio en las próximas elecciones.
Tal como quedó demostrado en la última sesión de Moments Estel·lars, organizada por The New Barcelona Post y protagonizada por el alcalde Collboni, estamos ante un político hábil, que conoce bien la realidad de la calle y que, presumiblemente, sabrá cómo evitar este tipo de errores.
Pero la realidad es que quien acaba saliendo perjudicada de todo esto es la gente común. Según datos del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, el 85% de los HUTs de Barcelona en manos de personas físicas son de pequeños propietarios, la gran mayoría de los cuales solo tienen un solo HUT. Personas que no especulan, que promueven el comercio local, generan puestos de trabajo y favorecen las comunidades de vecinos mejorando la accesibilidad y el mantenimiento de los edificios, en definitiva: gente que ayuda a redistribuir los beneficios del turismo más allá de los grandes grupos. Y cuesta entender que sea precisamente un alcalde socialista quien quiera poner fin a este modelo que socializa la riqueza del turismo en lugar de concentrarla. Además, una Barcelona sin pisos turísticos está condenada a un turismo de paso, dando la espalda a familias de todo el mundo que buscan alternativas a los hoteles, estancias más largas y anfitriones que actúen como auténticos embajadores de la ciudad.
El mismo Decreto Ley 3/2023 permite prorrogar las licencias de HUT durante cinco años a partir de su extinción, prevista para noviembre de 2028. El Ayuntamiento podría aprovechar esta posibilidad para flexibilizar la concesión de prórrogas a los pequeños propietarios y diseñar un plan de renovación que, más allá de estas prórrogas, permita continuar la actividad bajo ciertas condiciones. En este marco, el planeamiento urbanístico de la ciudad se podría adaptar para incorporar criterios de calidad y convivencia: excluir viviendas con denuncias vecinales, promover la reinversión por parte de los propietarios de HUTs en las comunidades de vecinos, o establecer mecanismos de seguimiento de buenas prácticas. En definitiva, habría que abrir una vía de diálogo con los pequeños propietarios, que a menudo son los más desprotegidos en este debate.
A medio mandato, Barcelona todavía está a tiempo de hacerlo diferente. De evitar la foto fácil y apostar por una política matizada y valiente. Una que redistribuya la riqueza del turismo, en vez de concentrarla más aún. Una que no premie los poderosos ni condene la clase media y trabajadora.
Porque, como dijo Chesterton, quien se casa con el espíritu de su tiempo difícilmente sobrevive el siguiente. Y quizás, señor alcalde, todavía estamos a tiempo de evitar este desenlace.