“La cultura es la luz de la vida”. Esta afirmación, atribuida al músico Pau Casals, resume una manera de entender el papel fundamental de la cultura en la sociedad. Pero esa luz, como recuerda la directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, no se ha mantenido sola a lo largo del tiempo. El mecenazgo ha sido la llama que, de forma constante y a menudo silenciosa, ha sostenido no solo la cultura, sino también la investigación y el tejido social del país.
Una llama que ahora se quiere volver a alimentar también desde las instituciones con la nueva ley catalana de mecenazgo. Tras años de reivindicación y de trabajo conjunto entre agentes culturales e instituciones, la iniciativa inicia su recorrido parlamentario con el registro de la proposición de ley. Este nuevo marco legal, impulsado por la Plataforma pel Mecenatge —formada por más de 200 entidades y liderada por Maite Esteve—, nace con la voluntad de llenar el vacío normativo existente en Catalunya en este ámbito y de complementar la legislación española vigente. Así, la ley contempla incentivos fiscales como las deducciones en el IRPF, así como nuevos mecanismos de fomento y pedagogía, a través del Consejo para el Fomento del Mecenazgo.
Tras intentos fallidos en legislaturas anteriores, Esteve confía en que esta vez el texto cuente con el consenso político necesario para salir adelante. De hecho, la proposición de ley ha sido registrada en el Parlamento con el apoyo de tres grupos: PSC, ERC y Junts. Aun así, la Plataforma ya ha mantenido conversaciones con el resto de formaciones y confía en ampliar apoyos durante la tramitación. Si el proceso avanza sin contratiempos, los impulsores calculan que la ley podría aprobarse a finales de este año o a principios de 2027.
Una ley con más deducciones e instrumentos de pedagogía
La propuesta llega al Parlamento tras un largo recorrido dentro y fuera de Catalunya. De hecho, a finales de 2023, la Plataforma pel Mecenatge ya participó en la reforma de la Ley estatal de Mecenazgo, vigente desde hacía 21 años, que aumentó las deducciones fiscales para donaciones y reforzó el papel de la sociedad civil. Desde enero de 2024, las personas físicas pueden desgravar el 80% de los primeros 250 euros donados y el 40% del resto.
El objetivo ahora es completar este marco con una normativa propia para Catalunya, que permita desplegar competencias autonómicas —especialmente en el tramo catalán del IRPF— y construir un modelo más arraigado al territorio. Así, la propuesta prevé una deducción autonómica adicional del 15% para los primeros 250 euros y del 45% para el resto. En el caso de universidades e investigación, el porcentaje se eleva hasta el 20% y el 30%, respectivamente.
Sumados a los incentivos estatales, las aportaciones pequeñas podrían llegar a tener un retorno fiscal prácticamente total. “Cuando un catalán haga una donación a una entidad, podrá tener un retorno del 95%, y en universidades e investigación del 100%”, ha explicado Esteve durante la presentación en el Parlament. “Son incentivos especialmente relevantes para el micromecenazgo, pero muy significativos para las entidades, que necesitan recursos estables para seguir haciendo un trabajo que revierte en el conjunto de la sociedad”, ha añadido.
Más allá de los incentivos fiscales, la propuesta persigue un objetivo aún más profundo: transformar la percepción social de este ámbito y convertirlo en una herramienta cotidiana de participación ciudadana. Aunque Catalunya cuenta con un amplio tejido asociativo —con más de 2.000 fundaciones— y una tradición de donaciones, pocas veces estas personas donantes se reconocen como mecenas o incluso se logra entender este concepto en el conjunto de la sociedad. “Necesitamos volver a explicar qué es el mecenazgo, abrirlo a todo el mundo y hacer entender que no es un privilegio de unos pocos, sino una herramienta de beneficio colectivo”, ha reivindicado Esteve.
Con este propósito, el texto incorpora instrumentos de promoción, reconocimiento y pedagogía inspirados en el modelo francés de la Ley Aillagon (2003), impulsada por el ministro Jean-Jacques Aillagon. Aquella reforma transformó la percepción social del mecenazgo en Francia: en tan solo una década, las donaciones empresariales pasaron de 150 millones a 1.200 millones de euros, mientras que las aportaciones particulares se duplicaron.
Tomando este ejemplo como referencia, la nueva proposición de ley incorpora la creación de un Consejo para el Fomento del Mecenazgo, con participación pública y privada, encargado de impulsar un observatorio permanente sobre filantropía, compartir buenas prácticas europeas y desarrollar acciones de sensibilización social. Con este conjunto de herramientas, los impulsores quieren reforzar el papel del mecenazgo como motor cultural y social del país porque, como ha reivindicado Esteve, “cuando el mecenazgo funciona bien, ganamos todos, pero sobre todo gana el país”.
