El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que conocimos el martes es claro y demoledor respecto a la legalidad de la proposición de ley que quiere modificar el Decreto legislativo 1/2010 para la contención de la mal llamada "compra especulativa" en zonas residenciales tensionadas. Las conclusiones de este órgano consultivo son de una claridad absoluta: la norma vulnera preceptos fundamentales de la legislación vigente, atentando contra el derecho a la propiedad privada (art. 33 CE), la libertad de elección de residencia (art. 19 CE), y la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución española), además de invadir competencias exclusivas del Estado. Ante este pronunciamiento tan rotundo, desde la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) exigimos la retirada inmediata de esta iniciativa legislativa.
Este dictamen no hace más que confirmar aquello que desde el sector profesional, jurídico y académico hemos venido alertando de manera reiterada desde su anuncio y desde hace demasiado tiempo. Tal como ya señalaba el informe jurídico elaborado por los catedráticos Dr. Joan Manel Trayter y Dra. Irene Araguàs a finales del año pasado, pretender limitar o prohibir la compra de viviendas o de edificios en función del uso o del perfil del comprador constituye una injerencia inconstitucional y un grave ataque a la estabilidad del ámbito de la vivienda.
Sin embargo, la gravedad de esta proposición de ley no radica solo en su fondo, sino también en las formas. El intento de tramitar una reforma de esta trascendencia por la vía directa de la lectura única representa una auténtica aberración jurídica y un menosprecio inaceptable de la calidad democrática. La lectura única es un procedimiento de excepción concebido para textos simples o de consenso inmediato, no para reformas estructurales que impactan de lleno sobre el mercado residencial, las competencias municipales y la actividad económica. Pretender aprobar una regulación tan compleja sin un debate parlamentario en profundidad, sin la comparecencia de expertos ni la posibilidad de introducir enmiendas técnicas es cerrar la puerta al diálogo e ignorar las advertencias de los profesionales sobre las posibles consecuencias a corto, medio y largo plazo.
"La crisis de acceso a la vivienda que sufre Catalunya no se resolverá restringiendo la actividad ni añadiendo más inestabilidad a un marco normativo"
Desde la APCE alertamos nuevamente sobre el riesgo de emplear conceptos con una elevada carga ideológica como el de "compra especulativa". Bajo esta etiqueta se penalizan indiscriminadamente operaciones de inversión productiva que son absolutamente necesarias para movilizar vivienda, rehabilitar inmuebles deteriorados, regenerar el tejido urbano, además de generar puestos de trabajo en el sector de la construcción, que son muy necesarios. Prohibir o dificultar la actividad de quienes transformamos y mejoramos el parque de viviendas en Catalunya solo conduce a un resultado que paralizará la actividad, comportando menos inversión, menos rehabilitación, menos nueva promoción y menos vivienda disponible.
La crisis de acceso a la vivienda que sufre Catalunya no se resolverá restringiendo la actividad ni añadiendo más inestabilidad a un marco normativo, ya de por sí hiperregulado. En Catalunya se necesita construir 25.000 nuevas viviendas anuales para atender el ritmo de creación de nuevos hogares, pero la producción real se ha mantenido históricamente muy por debajo de esta cifra, con medias que apenas superan las 12.000 viviendas/año. Al mismo tiempo, los datos de la Agencia de la Vivienda de Catalunya reflejan una pérdida continuada de la oferta de vivienda de alquiler privado como consecuencia directa de la incertidumbre reguladora y de los continuos cambios normativos que estamos sufriendo en los últimos años. La estadística evidencia que el problema real es la falta estructural de oferta, y que las medidas punitivas o restrictivas solo consiguen agravar el diagnóstico actual y dificultar su solución también de cara a futuro.
De aprobarse esta proposición de ley, la ciudadanía será la principal perjudicada, encontrando aún más obstáculos para acceder a una vivienda. Como hemos denunciado reiteradamente, la vivienda no es un tema electoral ni un arma a utilizar con intereses partidistas; es un tema de la gente, de todos. Nuestros gobernantes tienen la responsabilidad de entender que las políticas de vivienda no necesitan retórica ni precipitación, sino consenso, rigor, estabilidad normativa y colaboración público-privada.
Por ello, desde la APCE reclamamos la retirada inmediata de esta proposición de ley y pedimos a los grupos parlamentarios responsabilidad institucional, diálogo con el sector que construye las viviendas -libres, asequibles y de protección oficial- y voluntad política para que esta retirada de la iniciativa sirva para abrir una tramitación parlamentaria serena y rigurosa, donde se cuente con la participación de todos los actores implicados para promover políticas reales que hagan crecer la oferta y garanticen el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos de Catalunya.