España dispuso de la primera ley con incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general en 1994. Ocho años más tarde se aprobaba la que se convertiría en la Ley de Mecenazgo española, la 49/2002 que, a pesar de que nacía como una ley pionera en el ámbito europeo, entraría en decadencia de manera rápida, hasta el punto de que en poco tiempo ya surgirían varias propuestas de modificación.
Por otro lado, Francia aprobaría un año más tarde su Ley Aillagon —ley de mecenazgo que tomaba el nombre del ministro de Cultura de aquel momento—, ley europea referente en la materia desde entonces y que dejaría la ley española muy atrás. En este contexto, resultó fundamental la creación de la Mission du Mécénat, que establecería políticas públicas de concienciación, pedagogía y difusión en el conocimiento del mecenazgo, convenciendo a la ciudadanía de por qué todos tenemos que ser agentes activos y de sus beneficios para la sociedad en general. Esta iniciativa sería la que desarrollaría una implicación y participación social envidiable para los otros países de la Eurorregión.
No obstante, hay que destacar que cuando al Sr. Aillagon se le propuso ser ministro de Cultura, él, sabio como es, tuvo muy claro lo que le convenía y preguntó: “¿Quién es el ministro de Hacienda?”. Sabía a ciencia cierta que quien disponía de la llave para poder establecer políticas transformadoras sería su homólogo en materia de tributos.
Y esto es lo que no hemos sabido coordinar nunca en el Estado español. El sector cultural, social y de la investigación han tenido claro cómo son de imprescindibles los recursos privados para impulsar con éxito sus proyectos. Así mismo, es incuestionable su papel para sustentar el estado de bienestar si tenemos en cuenta que el gasto de las entidades no lucrativas en actividades de interés general llega casi a los 17.000 millones de euros; pero desde el Ministerio de Hacienda o el Departament d’Economia, siempre han sido reticentes a aprobar cualquier acción que comportaría un coste fiscal estimado de cerca de 700 millones de euros. No hay que ser un gran matemático para comprender que el rédito da a favor de la sociedad y del bienestar de todos, en cuanto que las beneficiarias son entidades y acciones que velan por nuestra calidad de vida. Aun así, en tiempos de crisis como los que llevamos concatenando año tras año en nuestro país, no es una decisión que ningún ministro haya estado dispuesto a tomar, hasta hace poco.
Algunas comunidades autónomas han sabido legislar en el tramo del IRPF en el que tienen competencia, pero todavía son pocas, y no es el caso de Catalunya, donde continuamos luchando para que se corrija en cuanto al sector social y cultural, sobre todo dado que somos una de las comunidades autónomas más solidarias del Estado.
Han hecho falta veintiún años, mucha presión de varios sectores y mucho trabajo de personas que han trabajado de manera conjunta para hacer posible que Sergi Miquel, diputado del Grupo Plural, lograra una mayoría suficiente en el hemiciclo parlamentario a favor de una reforma de la Ley de Mecenazgo. Durante años, cada uno de los partidos políticos que ha ostentado el gobierno ha anunciado y vaticinado la “nueva” ley y así hemos estado esperando, a lo largo de más de dos décadas, que la modificación fuera una realidad.
Finalmente, el pasado mes de abril, no sin dificilísimas negociaciones internas, se consiguió vencer un primer tramo parlamentario con la aprobación en el Congreso de una reforma, que si bien no era la panacea, sí que daba un paso adelante importante beneficiando el micromecenazgo, la fidelización y reconocía nuevas tipologías de donativos y modalidades de explotación económicas, entre otras mejoras.
Cuando escribí este artículo sólo faltaba la aprobación del Senado y la publicación del nuevo articulado en el BOE para poder celebrar que el Estado español tendría, a partir del día 1 de enero de 2024, una ley algo más justa con todas aquellas personas, empresas y entidades que participan, colaboran y ayudan a hacer de nuestro país un lugar mejor, y que la ley se adaptaba (algo más) a las nuevas maneras de hacer socioeconómicas del siglo XXI.
Teníamos estudiados muchos imprevistos que sabíamos cómo salvar, pero en ningún caso nos habíamos imaginado que nos esperaba un demoledor giro de guion, la convocatoria de elecciones generales, que comportaba la disolución de las Cortes y, a tres días de ser aprobada, la pérdida de todo el trabajo hecho en materia de mecenazgo.
Hemos caído a la casilla que te envía al punto de salida de nuevo. El trabajo hecho intentaremos que no se pierda y exigiremos al partido que suba al gobierno que reconozca el consenso político que se había conseguido y que este contratiempo se convierta en una oportunidad para aprobar una ley todavía mejor.
A estas alturas, ya no me atrevo a decir nada más que no sea que volveremos a luchar para tener una Ley de Mecenazgo digna. Y, mientras tanto, desde la Fundació Catalunya Cultura, y en colaboración con la Cátedra de RSS de la Universitat de Girona, seguiremos impulsando el Sello IMPULSA CULTURA que visibiliza y certifica la sensibilización de aquellas empresas con propósito que buscan, a través de la cultura, dejar un legado en su territorio y apostar por su gente y su país.
