Llenar la cesta de la compra cuesta hoy casi un 28% más que en diciembre de 2021 en Catalunya —según datos del índice de precios de consumo (IPC) de Idescat—. Ante este encarecimiento de los alimentos, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado una nueva fórmula para facilitar el acceso a productos frescos a precios asequibles: una red de comercios con locales de titularidad municipal y gestionados por entidades sociales. El primer establecimiento se pondrá a prueba en 2027 en la Marina del Prat Vermell, en un modelo que el Ayuntamiento plantea extender posteriormente a otros barrios.
El objetivo es facilitar el acceso a alimentos de calidad a precios asequibles, especialmente en barrios de nueva creación —como la Marina del Prat Vermell, que se está transformando en un nuevo barrio residencial— donde la oferta comercial todavía sea insuficiente, o en zonas donde las familias con menos recursos tengan más dificultades para acceder a ella. El alcalde ha insistido en que la iniciativa, por lo tanto, no pretende competir ni con los mercados municipales ni con el comercio privado, sino cubrir un vacío en estos barrios. Pero ofrecer los mismos productos a precios más bajos abre un interrogante: ¿cómo se puede abaratar la cesta de la compra en un sector donde los márgenes son ajustados? ¿Y de dónde saldrá esta reducción del precio?
La pregunta impacta sobre toda la cadena alimentaria: desde qué pasará con los comercios de proximidad que ya operan en los barrios donde se instalarán los nuevos establecimientos y hasta qué punto la reducción del precio final puede afectar a unos productores que también trabajan con márgenes ajustados.
A falta de concretar los detalles de este nuevo modelo barcelonés, la propuesta sí que tiene un referente claro: los supermercados públicos de Nueva York. El alcalde de Barcelona, de hecho, anunció la creación de la red de comercios asequibles después de reunirse con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, durante la cumbre de alcaldes Urban20, celebrada este fin de semana en la ciudad estadounidense. Un encuentro que ha servido para compartir experiencias sobre el encarecimiento del coste de vida en las grandes ciudades, desde la vivienda hasta el acceso a una alimentación asequible, uno de los ejes del programa de Mamdani.
El modelo que impulsa Nueva York prevé crear una red de supermercados públicos que ofrezcan alimentos frescos y productos básicos a precios reducidos. El plan contempla cinco establecimientos, uno en cada uno de los cinco distritos de la ciudad, con el objetivo de que algunos productos se puedan vender hasta un 30% por debajo de los precios habituales, independientemente de los ingresos del comprador.
Esta es la fórmula que Barcelona quiere adaptar a su propio contexto. El primer piloto está previsto para 2027 en la Marina del Prat Vermell, en un espacio de titularidad municipal, y la gestión recaerá en una entidad del tercer sector. La iniciativa, sin embargo, no se limitará a la venta de alimentos: también prevé ofrecer formación y facilitar la inserción laboral en oficios vinculados al comercio alimentario, como la frutería, la pescadería, la carnicería, la reposición o la atención al cliente.
¿De dónde saldrá la diferencia de precio?
Sin embargo, la propuesta barcelonesa aún debe concretar dos aspectos que pueden condicionar el funcionamiento de esta nueva red de supermercados: quién podrá comprar y cómo se conseguirán estos precios más asequibles. Las declaraciones municipales sitúan entre los destinatarios a las familias trabajadoras y las zonas vulnerables o con poca oferta, pero aún no se ha definido si los precios reducidos serán accesibles a toda la ciudadanía —como lo son en Nueva York— o si habrá algún criterio vinculado a la renta o a la situación económica.
Es en estas dos cuestiones donde coinciden buena parte de las preocupaciones de las voces consultadas del sector. A pesar de valorar positivamente el objetivo de facilitar el acceso a los alimentos y la necesidad de apoyar a las familias con menos recursos, tanto Pimec y Barcelona Oberta, desde el ámbito de la distribución y el comercio, como la Unió de Pagesos, desde el sector agrario, reclaman más concreción sobre cómo funcionará económicamente el modelo y, sobre todo, quién acabará asumiendo el coste de ofrecer estos productos a un precio más bajo sin perjudicar a los establecimientos que ya operan ni a los productores que hay detrás de la cadena alimentaria.
“La distribución de alimentos no es un sector monopolístico, sino todo lo contrario: hay mucha competencia, con grandes operadores, empresas medianas y pequeños comercios de proximidad. Esta competencia hace que los precios estén muy ajustados y que los márgenes de beneficio sean también bastante estrechos”, señala Joaquim de Toca, secretario de Barcelona Oberta y director general para España y Portugal de MUJI.
German Domínguez (Unió de Pagesos): “Si se quiere aplicar una reducción al precio de los alimentos, esta diferencia tendrá que salir de algún sitio. Y no puede ser a costa del sector agrario”
El precio que paga el consumidor por un alimento fresco, sin embargo, no depende únicamente del margen que aplica el supermercado o el comercio. Detrás hay toda una cadena de costes —desde la producción y el transporte hasta la energía, los salarios u otros gastos de comercialización— que acaban determinando el precio final. Por este motivo, cualquier reducción del precio al consumidor puede acabar teniendo efectos sobre alguno de los diferentes escalones de la cadena alimentaria, especialmente en aquellos que ya trabajan con márgenes ajustados.
Desde el sector agrario, German Domínguez, coordinador de la Unió de Pagesos del Área Metropolitana de Barcelona, pone el foco en este punto y advierte que la rebaja no puede recaer sobre el productor: “Si se quiere aplicar una reducción al precio de los alimentos, esta diferencia tendrá que salir de algún sitio. Y no puede ser a costa del sector agrario”. Es una cuestión especialmente sensible para un sector que hace años que se moviliza para reclamar que los precios que recibe por su producción cubran los costes y garanticen la viabilidad de las explotaciones.
El reto de no perjudicar el comercio existente
La cuestión no es solo cómo se conseguirán precios más bajos, sino también cómo encajará este nuevo modelo con el comercio que ya existe en los barrios. El proyecto todavía tiene que concretar si los precios asequibles serán accesibles a toda la ciudadanía o si se dirigirán específicamente a las familias con menos recursos, una diferencia que puede ser determinante. Si el acceso es universal, los nuevos establecimientos municipales competirán directamente con los comercios que ya ofrecen estos productos, una situación que de Toca considera que podría derivar en “competencia desleal” si esta diferencia de precio se basa en vender por debajo de lo que pueden asumir los operadores privados.
Para Pimec Comerç, esta es una de las principales incógnitas del proyecto. La organización reclama estudiar la oferta y las necesidades de cada zona antes de decidir dónde desplegar la red y plantea que, en algunos casos, los recursos públicos se puedan destinar a reforzar el comercio que ya existe, con medidas como alquileres asequibles, incentivos o apoyo al relevo generacional. Una apuesta que, según Pimec, no responde solo a una cuestión comercial, sino también al papel que estos establecimientos tienen en la vida de los barrios. “El comercio de proximidad va más allá de su función comercial: es actividad económica y empleo, pero también cohesión social y vida en las calles”, recuerda Àlex Goñi, presidente de Pimec Barcelona.
Si, por el contrario, el modelo se focaliza específicamente en personas en situación de vulnerabilidad, De Toca plantea si estos recursos públicos no se podrían invertir directamente en las entidades que ya trabajan con estos colectivos, mediante subvenciones o incentivos para reforzar los programas de ayuda alimentaria que ofrecen organizaciones como el Banco de los Alimentos o Cáritas.
En todo caso, desde Barcelona Oberta reclaman que la propuesta no se quede en el anuncio y que el Ayuntamiento concrete cómo se financiará y cómo funcionará el modelo: qué productos se venderán, a qué precio, cómo se seleccionará la entidad social gestora y qué sistema de aprovisionamiento se utilizará. En definitiva, el proyecto deberá afrontar el reto de concretar cómo conseguir una cesta más asequible sin alterar el equilibrio de una cadena alimentaria con diferentes escalones, desde el productor hasta los comercios y supermercados.