El Gobierno central y el de la Generalitat han dado un primer paso hacia la financiación singular de Catalunya. Ambas administraciones se han comprometido a trabajar para desplegar la hacienda catalana y a impulsar cambios legislativos para que la Agència Tributaria Catalana (ATC) asuma progresivamente competencias en la gestión del IRPF, en un modelo que Catalunya defiende que debe respetar el principio de ordinalidad en la distribución territorial de recursos por parte del Estado.
La propuesta, compatible con una reforma general del sistema de financiación, contempla que Catalunya pueda ingresar más tributos de forma gradual. En el ámbito del IRPF, el acuerdo prevé un modelo en red de gestión del sistema tributario donde participen la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, no sólo la catalana.
Los primeros pasos en este sentido ya se están realizando este año, y es que han acordado intensificar la participación de la ATC en la campaña de la renta de 2025. De cara a 2026 y en el caso de que se modifique el marco legal, la ATC podrá comprobar la correcta aplicación de las declaraciones del IRPF en Catalunya, en particular las deducciones aprobadas por el Parlament.
El acuerdo pasa de un modelo basado en los gastos a uno basado en los ingresosEl acuerdo, sellado en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat reunida en Barcelona, representa “un cambio de paradigma muy importante sobre el sistema de financiación actual”, según el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.
“Es una nueva arquitectura de la financiación de los servicios públicos basada en una relación de corresponsabilidad, y pasamos de un modelo basado en los gastos a uno basado en los ingresos”, ha remarcado Dalmau tras el encuentro.
Para que el acuerdo tenga efectos tangibles, deberán entrar en juego las Cortes. De hecho, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha condicionado los detalles del modelo de financiación singular a las modificaciones legislativas que debe aprobar el Congreso. Y no sólo eso: se creará un grupo de trabajo con representantes de la Generalitat y del Gobierno central para concretar la propuesta.
En este sentido, Torres ha asegurado que el Gobierno central promoverá los cambios legislativos necesarios, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera abordará la propuesta de modelo después del verano.