Garantizar el derecho a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos de las ciudades europeas, y Barcelona no es una excepción. En un contexto de presión inmobiliaria sostenida, con precios elevados y dificultades crecientes de acceso, el Ayuntamiento ha situado la vivienda en el centro de la agenda pública a través del Pla Viure, la estrategia que ordena e impulsa las políticas municipales en este ámbito bajo un lema claro: Priorizamos la vivienda.
El Pla Viure se articula alrededor de tres grandes ejes: universalizar el derecho a la vivienda, rehabilitar y mejorar el parque existente con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y confort, y atender la vulnerabilidad social, el reto demográfico y los diferentes momentos vitales de la ciudadanía. Dentro de este marco, el primer eje —la ampliación del parque público de vivienda— es clave para hacer efectivo el derecho a vivir en la ciudad.
Construir, rehabilitar… y comprar
Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento no solo construye vivienda nueva o rehabilita edificios existentes. También compra vivienda al mercado, una política que se ha consolidado como una herramienta estructural para incrementar el parque público, proteger la vivienda asequible y evitar dinámicas especulativas en barrios especialmente tensionados.Desde que el consistorio inició esta política de adquisiciones, se han incorporado más de 1.600 viviendas al parque público de la ciudad. Solo durante 2025, las diferentes operaciones cerradas permitirán sumar 296 nuevos pisos, una cifra que ejemplifica la escala creciente de esta línea de actuación y su peso dentro del Pla Viure.
Un año clave: casi 300 viviendas más en el parque municipal
A lo largo de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado un conjunto de operaciones que incluyen la compra directa de viviendas, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, y la adquisición de solares que permitirán generar vivienda pública en el futuro. En total, se han adquirido 97 viviendas ya construidas, tres solares con capacidad para generar hasta 119 pisos nuevos y una finca estratégica —la de Via Laietana 8-10—, donde irán a trabajar cerca de 700 funcionarios municipales, y que permitirá liberar cinco dependencias municipales (Avinyó 7, 15 y 32, Ciutat, 3 y Paradís, 14), que se rehabilitarán para transformarse en 80 viviendas más.Estas operaciones han supuesto una inversión de 21,71 millones de euros durante 2025 solo en compra de vivienda. A esta cantidad hay que añadir la inversión de 4,89 millones de euros en tres solares y los 22,35 millones de euros de la operación Via Laietana 8-10, por una inversión total de 48,95 millones de euros en 2025. Una cifra récord que eleva hasta los 44 millones de euros la inversión total en adquisiciones desde el inicio del mandato. La evolución es significativa: en 2023 se destinaron 13 millones a comprar 105 pisos, y en 2024, 9 millones para adquirir 36.
Viviendas repartidas por toda la ciudad
Una de las características principales de esta política de compras es su distribución territorial, con operaciones en diferentes barrios y distritos de Barcelona. Entre las viviendas adquiridas hay:- 26 pisos en la Casa Orsola, en las calles Consell de Cent y Calàbria, una operación conjunta con la Fundació Hàbitat3 que permitió parar los procesos de desahucio y garantizar la continuidad de los inquilinos.11 viviendas en el pasaje de Alió, 21, en el barrio del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova.10 pisos en la calle de València, 419, en el Eixample.4 viviendas en la calle de Llull, 181, y 8 en la calle de los Garrofers, 40, adquiridas mediante el ejercicio del derecho de adquisición preferente asociado a la reserva del 30% en nuevas promociones.38 pisos comprados a la inmobiliaria Building Center, propiedad de CaixaBank, repartidos en varios barrios de la ciudad.
Ejercer todas las competencias, sumar alianzas
Las operaciones de compra de vivienda se enmarcan en dos elementos centrales del relato del Pla Viure. Por un lado, el despliegue máximo del marco competencial municipal, con instrumentos como la reserva del 30%, el tanteo y retracto o la movilización de bienes en proindiviso. Del otro, la colaboración entre administraciones, agentes públicos, agentes privados y sociales, como ejemplifica la compra de activos a la SAREB o las fórmulas de compra conjunta con entidades sociales.Un caso paradigmático es el de la Casa Orsola, donde el Ayuntamiento aplicó una fórmula innovadora y excepcional que permitió preservar el uso residencial del edificio y proteger a los vecinos y vecinas. Este tipo de operaciones muestra cómo la política de adquisiciones va más allá de sumar viviendas: también sirve para estabilizar comunidades y garantizar arraigo.
Una nueva ordenanza para facilitar futuras compras
En diciembre de 2025, el Consell Plenari aprobó definitivamente la nueva ordenanza del derecho de tanteo y retracto, una herramienta clave para reforzar esta política en los próximos años. La normativa dota de más seguridad jurídica a todos los agentes implicados, amplía las posibilidades de colaboración con entidades y vecinos y permite actuar con más eficacia en zonas donde la densidad urbana hace inviable la construcción de nueva vivienda.Con la nueva ordenanza, el Ayuntamiento puede traspasar el derecho de tanteo a terceras personas —como entidades sin ánimo de lucro o los mismos ocupantes legales— o ejercerlo de manera conjunta, abriendo la puerta a modelos más flexibles y adaptados a cada realidad.
Mirando a 2027: un objetivo compartido
La política de compras es una de las piezas que tiene que permitir lograr el objetivo aspiracional del Pla Viure: llegar a las 15.000 viviendas públicas en 2027. Un reto que solo se puede abordar combinando todas las vías disponibles: construcción de nueva promoción, rehabilitación del parque existente y adquisición de vivienda al mercado.En conjunto, estas actuaciones dibujan una estrategia de ciudad que entiende la vivienda como una infraestructura social esencial. Priorizar la vivienda, en definitiva, es garantizar que Barcelona continúe siendo una ciudad habitable, diversa y accesible para todos.