El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) ha dejado de ser jerga de especialistas para convertirse en una pieza central del debate sobre el futuro del sistema aeroportuario español. No es para menos: este marco quinquenal fija inversiones, previsiones de tráfico y tarifas en la red gestionada por Aena, operadora de mayoría pública (el 51%), aunque cotizada en bolsa.
La compañía ha presentado esta mañana su propuesta para el DORA III (2027-2031), que contempla 12.888 millones de euros en inversiones, de los cuales 9.991 millones serán regulados y, por tanto, financiados a través de las tarifas aeroportuarias. La magnitud del plan refleja el nuevo ciclo que afronta el gestor tras el fuerte rebote del tráfico aéreo posterior a la pandemia.
La comparecencia de presentación, de algo más de 90 minutos, la ha encabezado el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, acompañado por Elena Mayoral, directora de Aeropuertos, y Javier Marín, vicepresidente ejecutivo. El mensaje ha sido claro: la red necesita reforzar su capacidad y modernizar infraestructuras pensando en horizontes de varias décadas. Lucena ha definido el plan como “un gran desafío técnico, profesional y, en última instancia, de país”, subrayando que las infraestructuras aeroportuarias deben acompañar, y no limitar, la creación de prosperidad y la movilidad.
Barcelona, una excepción dentro de la red
Dentro del reparto inversor, Barcelona destaca de forma notable. El aeropuerto Josep Tarradellas, uno de los más tensionados de Europa, recibirá más de 3.200 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte de toda la inversión prevista.
El paquete incluye la remodelación de la Terminal T1, mejoras operativas, actuaciones en sostenibilidad y el desarrollo inicial (a través del plan director) de la ampliación de la tercera pista y la futura terminal satélite. No obstante, el grueso de la ampliación quedará previsiblemente desplazado al siguiente ciclo regulatorio.
Ha sido precisamente al abordar la situación de Barcelona cuando la comparecencia ha introducido uno de sus momentos más singulares. Lucena, barcelonés y vecino de Les Corts, ha señalado que El Prat es el único aeropuerto de la red que acumula un retraso significativo, cifrado en cinco años. Y ha añadido un matiz poco habitual en un acto de carácter técnico, atribuyendo ese desfase a decisiones políticas pasadas, mencionando explícitamente al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La referencia no ha pasado inadvertida en la sala. Durante una rueda de prensa seguida por periodistas de medios de toda España, ha sido la única alusión directa a un responsable político concreto, una excepción en un discurso dominado por cifras, previsiones y parámetros regulatorios.
Ryanair irrumpe ‘en directo’
Si la mención política ha roto el tono habitual, otro episodio ha añadido un momento inesperado. Mientras se desarrollaba la comparecencia, Ryanair ha difundido un comunicado crítico con la estrategia inversora y tarifaria de Aena, criticando incluso algunas ampliaciones. La escena se ha trasladado casi en tiempo real a la mesa presidencial. María Gómez, directora de Comunicación del gestor, ha hecho llegar el texto a Lucena tras revisarlo. El presidente ha respondido con una frase cargada de ironía, pidiendo a la aerolínea irlandesa “ser más original en su argumentario y en su estilo en sus permanentes críticas”.
El comentario ha reflejado la tensión recurrente entre el gestor aeroportuario y la compañía dirigida por Michael O’Leary, quien también ha sido aludido indirectamente durante la comparecencia al recordar que las tarifas varían entre aeropuertos y que los de menor tamaño presentan costes significativamente inferiores.
El debate estructural: inversiones frente a tarifas
Más allá de las anécdotas, el núcleo del debate sigue siendo económico. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que también ha emitido un comunicado una hora antes del acto de Aena, ha cuestionado las previsiones de tráfico y los parámetros financieros del DORA III, alertando del posible impacto de las tarifas sobre la demanda. Sobre ello, el gestor ha defendido la lógica del modelo regulatorio. Lucena ha insistido en que las tarifas responden a la amortización de inversiones y a una remuneración razonable del capital, relativizando el alcance del ajuste planteado: “Estamos hablando de 0,43 céntimos de euro”.
Javier Marín ha reforzado la idea de que el riesgo inversor recae en el gestor. “Las inversiones permanecen. El riesgo es nuestro”, ha afirmado, recordando además que la saturación operativa encarece la gestión y las necesidades de infraestructuras.