Ocho municipios metropolitanos incorporan un servicio de ‘motosharing’

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha un servicio de ‘motosharing’, motos eléctricas de uso compartido que llegará a ocho municipios, conectándolos entre ellos y superando las fronteras de la capital catalana, a diferencia de lo que ha pasado con el Bicing metropolitano.

El nuevo servicio de motosharing se ha regulado a partir de licencias metropolitanas otorgadas a diferentes compañías vía concurso público, como también se hizo en Barcelona hace años como respuesta al caos que se vivió con la llegada de múltiples operadores que abarrotaron las calles sin coordinación. Con las motos metropolitanas, se extenderá la oferta que había hasta ahora en la ciudad, respondiendo a la demanda lógica de poder llegar más allá, ya sea para ir al trabajo y la universidad o para volver a casa.

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs serán las primeras en incorporar estas motos eléctricas compartidas, con la previsión de contar con casi 10.000 vehículos de aquí a finales de año. Se aparcarán en el espacio público, cumpliendo con todas las ordenanzas municipales, que incluyen zonas con restricciones y otras prohibidas. “La fórmula ideal es que se vayan sumando más municipios para que el proyecto tenga sentido y se garantice su éxito”, señala el vicepresidente de Movilidad del AMB, Carles Cordón.

La convocatoria impulsada por el AMB ha dado licencias a cinco operadoras, algunas de ellas ya conocidas en la capital catalana. Las empresas, con unas 2.000 motos cada una, son Hori Rides, Yego Urban Mobility, Cooltra, Go Sharing, BV y Acciona Mobility. A partir del miércoles, las compañías tendrán un mes largo para desplegar su servicio. Cada una tendrá su propia app y sus propias tarifas, también irán con motos y cascos de colores diferentes, aunque todas ellas quedarán incluidas en las aplicaciones AMB Mobilitat y SMOU, y llevarán el logo del nuevo motosharing metropolitano.

Las licencias tienen una vigencia de dos años, prorrogables por un periodo máximo de dos años más. Cada empresa tendrá que pagar una tasa anual de 45 euros por vehículo por la gestión de la licencia, así como las tasas correspondientes por el uso del espacio público. Según la respuesta de los usuarios, el AMB, encargada de regular el uso y la preservación del espacio público, irá revisando el número de vehículos asociados a cada licencia. Se garantizará un mínimo de vehículos en cada municipio, para asegurar la cobertura del servicio y evitar que queden zonas sin atender, como pasó en la capital catalana, donde se arrancó con 7.000 licencias y se han acabado quedando 2.000 porque las empresas fueron desistiendo al no salirle los números.